Por Luis Rivas | Puerto Rico, Biden y el viejo dilema del estatus de la isla

Cuando la victoria de Joe Biden llegue a confirmarse, los puertorriqueños pueden albergar la esperanza de ser más escuchados en Washington DC que durante la presidencia de Donald Trump, pero la estadidad, que ha vuelto a ganar un referéndum, es una quimera.

Las elecciones norteamericanas dejaron poco espacio en los informativos del mundo al plebiscito que se celebró en Puerto Rico y que otorgó la victoria a los partidarios de convertirse en el 51 estado de Estados Unidos. Es la tercera vez que una consulta no vinculante inclina la balanza de la opinión hacia la integración de Borinquén como la 51 estrella de la Unión.

En esta ocasión no se daba a elegir entre las tres opciones tradicionales: independencia, Estadidad o Estado Libre Asociado (ELA, el estatus actual), sino que había que definirse entre el sí o el no a la estadidad. El 52,34% afirmativo supone para el Partido Nuevo Progresista (PNP) una prueba indiscutible del deseo de los puertorriqueños de abandonar el ELA e incorporarse a EEUU. Pero una abstención de casi el 50% de los ciudadanos con derecho a voto resta legitimidad a la consulta, según los partidos y movimientos ciudadanos que se oponen al anhelo de los pitiyanquis (del francés petit —pequeño— yanqui), como se conoce a los proestadidad.

Ocupada militarmente por Estados Unidos en 1898, como botín de la guerra hispano-norteamericana, Puerto Rico nunca ha sido independiente, pero eso no significa que el fervor nacionalista e independentista no haya estado presente a lo largo de su historia.

En 1952, Washington inventó el actual estatus de la isla, el Estado Libre Asociado (ELA) que, resumiendo, otorga a los puertorriqueños el pasaporte USA, pero la Defensa, la aduana, la política exterior o la moneda quedan en manos de la metrópoli, que no aplica al territorio caribeño las mismas leyes federales que rigen en los 50 estados de la Unión. Por ejemplo, en la isla no han podido elegir entre Biden o Trump.

El mismo día del plebiscito, Puerto Rico eligió también un nuevo gobernador —jefe de gobierno— en el nombre de Pedro Pierluisi, y a la comisionada permanente en Washington, ambos del PNP, una muestra más para este partido del deseo mayoritario de sus conciudadanos para seguir el camino que hizo Hawái, estado que ponen como ejemplo de proceso integrador.

Gestos de Biden; humillaciones de Trump

Cualquier cambio de estatus de la isla debe ser acordado por el Congreso norteamericano. Y no parece que entre las prioridades de la nueva Administración norteamericana esté el futuro estatutario de Puerto Rico. Lo que sí podría cambiar es la relación del nuevo presidente hacia la mayor de las Antillas.

La actitud de Joe Biden en el pasado con respecto a Puerto Rico ha sido muy diferente al desprecio que ha sufrido este territorio de manos —y boca— de Donald Trump. Sus declaraciones (proponer un intercambio entre Puerto Rico y Groenlandia), su negativa a aumentar la ayuda federal, y su comportamiento en la visita tras el huracán María, en el que se divirtió lanzando rollos de papel higiénico al público, convirtieron a Trump en persona non grata ad vitam aeternam para los puertorriqueños.

Durante su campaña electoral, Biden prometió la creación de un grupo de trabajo para estudiar las necesidades de la isla y, en especial, facilitar las vías de acceso a la ayuda financiera federal. La prensa boricua recuerda que la sensibilidad de Biden hacia Puerto Rico quedó ya reflejada en el pasado, cuando el entonces senador apoyó el proyecto para la instalación en la ciudad de Aguadilla de las operaciones de reparación y mantenimiento para toda América de los aviones de la compañía alemana Lufthansa.

El actual presidente del Comité de Recursos Naturales del Senado norteamericano, el demócrata Raúl Grijalva, ha reaccionado afirmando que el resultado del plebiscito del pasado 3 de noviembre ayudará a abrir la discusión sobre el futuro de Puerto Rico en 2021. Las congresistas por Nueva York de origen boricua, Alexandria Ocasio-Cortez y Nydia Velázquez han sometido un proyecto para crear una Convención sobre el estatus, empeño apoyado por el Partido Independentista de Puerto Rico, el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Popular Democrático, que defiende el ELA.

La crisis económica antes que el status

El nuevo gobernador de la isla, Pedro Pierluisi considera que con Biden «tenemos un aliado en la Casa Blanca». Que la nueva Administración demócrata tendrá más oídos para Puerto Rico, es muy posible. Entre otras cosas, la situación económica de su territorio «libre asociado» lo requiere. Puerto Rico tiene una deuda de más de 70.000 millones de dólares que necesita reestructurar y cuyas negociaciones quedaron pendientes en la era Trump. Su situación estatutaria no le permite declararse en quiebra como podría hacer un estado de la Unión.

La reestructuración de la deuda es también uno de los innumerables obstáculos hacia la estadidad que busca en PNP, como ha señalado la agencia de calificación de crédito Moody’s, que advierte:

«Las ganancias de la estadidad tienen un costo. Para ayudar a financiar el aumento sostenido de la ayuda, los residentes y corporaciones de Puerto Rico estarán sujetos a impuestos federales sobre sus ingresos, de los que han estado exentos, y que tienen el potencial de desacelerar el crecimiento económico y hacer más difícil atraer a las empresas con beneficios contributivos favorables. Sin embargo, la inversión podría aumentar debido a la percepción de una mayor estabilidad política derivada de la estadidad».

La economía ayuda a decidir, pero la política manda. ¿Consentirían los legisladores norteamericanos un nuevo estado con una minoría independentista de un 5% de la población? ¿Estados Unidos tiene interés en acoger un nuevo territorio con características tan diferenciadas?

Un estado latino

Puerto Rico, a pesar de décadas de asimilación política por parte de Washington y de aislamiento forzado de su contexto latinoamericano, mantiene una homogeneidad cultural, sustentada en buena parte en la lengua. ¿Aceptarían los congresistas norteamericanos un estado hispanófono?

Después de 122 años bajo la tutela norteamericana, los puertorriqueños de la isla, que aprenden también inglés en la escuela, han hecho del idioma español una de sus armas de diferenciación. A ello hay que añadir la homogeneidad étnica. Cuando Hawái se convirtió en el 50 estado, apenas quedaba población autóctona. Se dirá que en Puerto Rico tampoco quedan taínos, guanacahibes o caribes, pero en Estados Unidos sería considerado como un «estado latino« y, por lo tanto, diferente a los 50 existentes.

A los más de tres millones de puertorriqueños que habitan Boriquén, habría que añadir los casi seis que viven en territorio continental. ¿Nueve millones de puertorriqueños podrían diluirse como teórica fuerza política o se unirían en la lucha por determinados fines comunes?

Hace solo dos meses, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnel, sentenció que su partido nunca aprobaría la estadidad de Puerto Rico; un plan que, según él, forma parte de «la agenda radical oculta» del Partido Demócrata.

¿Cederían los congresistas del Capitolio en aplicar las leyes federales en Puerto Rico, territorio hasta ahora alejado de las ventajas económicas que suponer ser un estado a parte entera de la Unión?


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN

Por Luis Rivas. – Excorresponsal de TVE en Moscú y Budapest. Dirigió los servicios informativos del canal de TV europeo EuroNews. Vive en Francia desde hace más de 20 años.