Por Hugo Catalán Flores | Sistema electoral presidencial de EEUU, mitos para una democracia sui géneris

El sistema de representación política de Estados Unidos, especialmente el que permite la elección presidencial, es un modelo que desde lejos se puede denominar como sui géneris.

Las características excepcionales y únicas de la democracia estadounidense tienen directa relación con su historia, cuestión que sólo mencionaré someramente por tratarse de una materia de profunda significación cultural que desde la distancia cuesta encuadrar sin caer en caricaturas.

Para quien le pudiera interesar el tema, el texto historiográfico por excelencia para el latinoamericano es Breve Historia de los Estados Unidos de Eliot, Steele y Leuchtenburg, que tiene para el mundo hispanoparlante una edición de Fondo de Cultura Económica. Ahí se señalan las particularidades de la formación del país del norte, y en parte, las describe como una agrupación de comunidades, originalmente 13 estados, es decir, el germen de lo que conocemos hoy como Estados Unidos.

El 17 de septiembre de 1789 se firma el acuerdo fundante del orden institucional que se conoce como Convención Constitucional de Filadelfia, estableciendo las bases de la organización política vigente por 230 años.

Esa temprana hazaña de organización, donde 55 representantes se impusieron la misión de equilibrar, por un lado, el poder de los ciudadanos de cada comunidad local respecto de los estados miembros —algunos de gran extensión pero con baja densidad poblacional, y otros ricos de materias primas y recursos—, y, por otra lado, el poder del gobierno central (administración federal), fueron tejiendo una red de contrapesos que no solo contemplaban la división de los 3 poderes del Estado (idea recién concebida medio siglo antes de la Convención Constitucional), sino además procedimientos que eran barreras y controles sobre la autoridad federal, para que cada parte de la totalidad no perdiera ni representatividad, poder o identidad. Por ejemplo, los miembros del sur con sus economías girando en torno a la explotación agrícola con mano de obra esclava, distinta a las economías del norte y en la costa atlántica que dependían del comercio y la manufactura. Cada realidad debía mantener equilibrios orgánicos para que esas proporciones, de los estados con menor densidad poblacional, donde las ciudades estaban más lejos una de otra, a diferencia de las grandes urbes de la costa y el norte que concentraban características que facilitaban la actividad política, no perdieran poder.

Esa temprana historia construye un panorama de narrativas simbólicas y de cultura política, de modo tal que la representatividad y legitimidad de la unidad de personas y diversos territorios quedan amarrados en torno a una microhistoria común.

Dicho todo esto, el modelo de democracia norteamericano ha servido como referencia en muchos momentos y lugares, especialmente en América, destacándose por su estabilidad de gobernanza y el entorno de certezas jurídicas de su institucionalidad, y que de algún modo es un horizonte que todo país del sur debiera mirar.

El problema es que detrás de esas afirmaciones, que se escuchan con mucha facilidad entre analistas y comunicadores, se esconden una serie de mitos y contradicciones que en vista de la próxima elección presidencial del martes 3 de noviembre conviene al menos tener presente.

1.- La elección de presidente y vicepresidente no es por votación directa, es por un sistema electoral indirecto. Eso significa que cada ciudadano elige sobre los 538 delegados electorales del Colegio Electoral, el que finalmente decide la combinación triunfadora de acuerdo al resultado en cada estado.

Cada estado tiene definido, de acuerdo a reglas que tienen vigencia desde la década de 1960 —última vez que se amplió el número de compromisarios—, un número de electores que los representan, posteriormente, en la elección del presidente y vicepresidente.

Por ejemplo, en California eligen 55 delegados —el estado con mayor cantidad de ellos—, votan por un candidato; cuando se contabilizan los sufragios, el que haya logrado mayor número se quedará con todos los electores, en el caso de California, los 55 que posteriormente deberán ratificar esa decisión.

2.- La fórmula de candidatos a presidente y vicepresidente que logra más votos absolutos, llamado «voto popular», es siempre el que gana la elección.

No siempre triunfa quien logra al menos 270 electores, y algunas veces eso no es lo mismo que obtener el «voto popular».

En las elecciones de 1876, 1888, 2000 y 2016 resultaron electos las fórmulas que sumaron menos votos populares, pero más electores del Colegio Electoral Nacional. Por ejemplo, el 2016 la demócrata Hillary Clinton sumó 65.853.514 de votos, mientras que Donald Trump logró 62.984.828, esto es 2,8 millones de sufragios menos que la demócrata, pero consiguió 304 delegados lo que le aseguró el triunfo.

Esto fue posible porque en estados claves Trump se impuso estrechamente, pero esa diferencia fue suficiente para llevarse a todos los electores que en la suma total le aseguró la presidencia.

3.- Cada elección contempla dos opciones de candidatos, uno representado por el Partido Demócrata y otro por el Partido Republicano. Esta es otra idea de los medios de comunicación que de algún modo distorsionan la realidad.

En esta oportunidad, hay 15 candidatos a la presidencia, la mayoría con sus respectivos candidatos a la vicepresidencia, aunque esos nombres no están en las papeletas de todos los estados, pues requieren ciertos requisitos que no todos logran cumplir.

Los partidos minoritarios, o terceros partidos, son parte de la campaña y van de un amplio abanico de representaciones, desde la izquierda socialista de perfil marxista hasta partidos más de derecha que el actual gobernante republicano. En cada elección estos candidatos afuera del duopolio pueden sumar en torno a los 10 millones de votos.

4.- El voto no es directamente en una urna.

Cada estado puede definir mecanismos de votación que van desde presencial el día de la elección en locales establecidos, o puede ser desde antes del día de la elección según lo defina (en muchos lugares ya se está votando hace varias semanas); o por correo, al marcar la preferencia de una papeleta y remitirlo al sistema postal (federal). Esto último ha sido ampliamente utilizado en esta elección en el contexto de la pandemia, y a la vez ha sido cuestionado por el gobernante republicano por cuanto quienes más sufragan por correo son demócratas.

5.- Si el resultado genera alguna controversia respecto del número de votos por estado y, por lo tanto, la cantidad de electores, los que resuelven la controversia es finalmente la Corte Suprema (de 9 integrantes donde 6 son conservadores y 3 liberales).

Bonus: supresión del votante

  1. UU. tiene una larga tradición de estrategias para dificultar o impedir que ciertos grupos sociales accedan a la participación electoral. Como hemos señalado, los mecanismos de sufragio son definidos por cada estado y es justamente en aquella diversidad donde se esconden esos escollos que desalientan especialmente a afroamericanos, latinos o ciudadanos de ascendencias asiáticas a participar. Un ejemplo puede ser que el documento que acredita la identidad, al que habitualmente acceden los votantes blancos, como puede ser una licencia de conducir, un certificado de alguna naturaleza burocrática o una cédula para portar un arma, esto se da especialmente en los estados del sur.

Todas estas características tan particulares del sistema de elección presidencial es la columna basal de la representatividad y legitimidad del sistema político, que sostiene la narrativa de la DEMOCRACIA NORTEAMERICANA como un sistema armonioso que es un modelo para el mundo, cosa que cuesta considerar a la luz de los enunciados señalados.

Cuando a cualquier habitante de los países del sur algún comentarista le señale a EE. UU. como ejemplo de democracia y estabilidad, recuerde que esa democracia es menos de lo que uno podría esperar de un modelo a seguir.


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN

Por Hugo Catalán Flores – Editor Revista Maestra Vida / Director Observatorio del Derecho a la Comunicación / Unidad de Estudios ONG CODEPU.