BOGOTÁ (Sputnik) — La CSJ de Colombia determinó que el proceso contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos y fraude procesal debe seguir a través de la Ley 906 de 2004, por lo que la jueza podrá decidir si le concede la libertad al político, quien permanece en detención domiciliaria desde el 4 de agosto por un fallo del alto tribunal.
«Corte Suprema de Justicia ratifica competencia de jueza 30 de Garantías de Bogotá (Clara Salcedo) para resolver la petición de libertad del exsenador Álvaro Uribe dentro del proceso por soborno y fraude procesal. Diligencias que deberán continuar por sistema acusatorio o Ley 906 de 2004», anunció la CSJ a través de Twitter.
Según la prensa local, la decisión se tomó con 19 votos a favor y los salvamentos de dos magistrados de la Sala Plena de la CSJ, quienes basaron su argumentación en la fecha en la que ocurrieron los hechos, ya a que el proceso contra Uribe inició en el año 2018, es decir, después de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.
Aunque la CSJ no se pronunció respecto a si la investigación debe iniciar desde cero por parte de la Fiscalía o si continúa desde el punto en la cual la dejó ese tribunal en semanas pasadas, versiones de prensa señalan que la jueza Salcedo podrá tomar esa determinación.
«Fuentes del alto tribunal explicaron que establecer en qué etapa queda ahora el caso contra Uribe le corresponderá a la jueza 30 de control de garantías», publicó el diario El Tiempo citando a fuentes cuya identidad no reveló.
La decisión de la CSJ se dio luego de que el pasado 22 de septiembre la jueza Salcedo determinará, en base a sus análisis, que el proceso que se sigue contra el también exsenador, debe continuar bajo la ley 906 de 2004, es decir, en el Sistema Penal Acusatorio, tal como lo solicitaron la defensa del político, la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público).
Sin embargo, subrayó que antes de avanzar en el caso, la CSJ debía pronunciarse sobre si ella era o no competente para concederle la libertad.
Uribe, en calidad de senador, era investigado desde el año 2018 por la CSJ en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran, por lo cual el proceso se seguía a través de la Ley 600 del año 2000, que rige para el juzgamiento de los integrantes del Congreso.
Tras el fallo de detención domiciliaria en su contra, el exmandatario renunció a su escaño en el Congreso el 18 de agosto y con ello perdió su investidura como senador, por lo que su proceso fue abandonado por la CSJ y tomado por la Fiscalía General, que sostuvo que se debía aplicar la Ley 906 de 2004, como lo respaldó este lunes el tribunal.
Según investigaciones de la Corte, con dicha manipulación, el político buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y declararan en contra del senador de izquierda Iván Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y quien logró obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron a Uribe de conformar un grupo paramilitar.
Los antagonistas de Uribe, entre ellos Cepeda, consideran que la Fiscalía podría beneficiar al expresidente, ya que el fiscal general, Francisco Barbosa, es un amigo cercano del mandatario Iván Duque, quien a su vez es el delfín político del acusado.
Cepeda, luego de conocer la decisión de la CSJ este lunes 5, dijo que respeta y acata ese nuevo pronunciamiento, aunque considera que «la medida de aseguramiento sigue vigente», por lo que Uribe debe seguir detenido, aunque eso será un «nuevo debate» que él y sus abogados darán ante la jueza.
