• octubre 3, 2020
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Corte de Copiapó acogió solicitud del INDH y ordenó a la Fiscalía a seguir investigando caso de adolescente que recibió impacto de lacrimógena en su cabeza

COPIAPÓ – La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Atacama, presentó una querella por el delito…

 Corte de Copiapó acogió solicitud del INDH y ordenó a la Fiscalía a seguir investigando caso de adolescente que recibió impacto de lacrimógena en su cabeza

COPIAPÓ – La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Atacama, presentó una querella por el delito de violencia innecesaria, en contra de Carabineros de Chile, y a favor de un menor de 15 años que recibió el impacto de una bomba de gas lacrimógeno en su cráneo, en marzo de 2020, en el contexto de manifestaciones. La Fiscalía había optado por no perseverar en el caso y el INDH impugnó dicha decisión en la audiencia. El 30 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Copiapó acogió el requerimiento del INDH y ordenó a la Fiscalía a reabrir la investigación.

El hecho, según relata la víctima, ocurrió el 11 de marzo de 2020 a la media noche en sector de La Puntilla, Población La Colina, de la ciudad de Copiapó, mientras observaba junto a su familia el enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza policial. Tras el impacto, el menor relató que perdió el conocimiento y se golpeó el rostro al caer. Fueron sus propios familiares quienes le prestaron auxilio y lo llevaron hasta el Hospital Regional.

El fallo de la Corte estableció que “se está en presencia de un caso donde resulta razonable e imprescindible que el Ministerio Público extreme los esfuerzos investigativos”, debido a que “afectó además a un adolescente, quien atendida su calidad de menor de edad y de víctima del hecho punible, tiene una doble protección estatal e internacional por encontrarse en una situación de evidente ‘vulnerabilidad’ al amparo de diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, entre ellos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y las Reglas de Brasilia, sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008, que tiene como finalidad asegurar el acceso a la justicia de éstas, y cuya violación puede generar responsabilidad internacional al Estado de Chile”.

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