• septiembre 22, 2020
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Equipo jurídico internacional asegura que Marco Enríquez-Ominami ha sido víctima de lawfare en Chile: «Es una acción política y tiránica de persecución»

SANTIAGO -Como una «investigación absurda al igual que la cantidad de procesos en su contra» calificó la abogada brasileña Carol…

 Equipo jurídico internacional asegura que Marco Enríquez-Ominami ha sido víctima de lawfare en Chile: «Es una acción política y tiránica de persecución»

SANTIAGO -Como una «investigación absurda al igual que la cantidad de procesos en su contra» calificó la abogada brasileña Carol Proner, los procesos penales que desde hace seis años enfrenta el ex candidato presidencial de Chile, Marco Enríquez-Ominami.

Ello, durante el seminario «La cultura del lawfare en América Latina», organizado por equipo jurídico del Grupo de Puebla -Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD)-  donde se ejemplificó como un caso evidente de utilización de la justicia como arma de guerra política, la investigación penal contra el fundador del Partido Progresista, a quien se le acusa de fraude de subvenciones de y presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña política.

En esa línea, y según expuso, su par Pedro Serrano, desde hace algunos años se ha ido desarrollando una técnica para perseguir a líderes progresistas «e impedirles participar en la política, como forma de controlar la participación democrática».

«Nosotros notamos muy intensamente, la utilización de este tipo de procesos en Ecuador, Chile y Brasil, una utilización de procesos jurídicos electorales para impedir la participación de liderazgos. En Chile, por ejemplo, un típico caso de lawfare es el proceso judicial de sesión en contra Marco Enríquez-Ominami. Hay una evidente utilización de la apariencia del proceso, una acción política y tiránica de persecución a un individuo progresista y que son visibles desde el punto de vista constitucional», dijo el abogado.

En la misma línea, agregó que «la persona de Marco Enríquez-Ominami es tratado inhumanamente y sin el derecho a una protección mínima jurídica y política de Estado», mencionando que «eso le impide no solo su capacidad electoral pasiva, sino la capacidad de ser escogido por el pueblo para alguna función pública».

«Es una gran ofensa a sus derechos humanos civiles y una gravísima ofensa a la democracia en Chile», concluyó Serrano.

Clajud nació en julio de 2019, como dimensión jurídica del Grupo de Puebla, y con el objetivo de estudiar y combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y sus efectos devastadores en la gobernanza y la institucionalidad democrática de la región.

Entre sus miembros destacan el abogado constitucional de Brasil, Pedro Serrano; las jurista y participante de la defensa del expresidente Lula da Silva, Carol Proner; Gisele Ricobom, doctora en Derechos Humanos; y también el ex juez que dio la orden de detención del dictador chileno Augusto Pinochet, Baltazar Garzón.

También participan el abogado chileno y ex jefe de Gabinete del Gobierno de Michelle Bachelet, Harold Correa; el abogado paraguayo, Emilio Camacho; la académica de filosofía del derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, María José Fariñas; y las juristas de la Asociación Brasileños de Juristas por la Democracia, Gisele Cittadino y Larissa Ramina.

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