BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía de Colombia imputará los delitos de tortura y homicidio agravado a los dos agentes de la Policía de Bogotá (centro) que el 9 de septiembre protagonizaron un caso de abuso policial que se cobró la vida del estudiante de Derecho y taxista Javier Ordóñez, anunció el fiscal general, Francisco Barbosa.
«La Fiscalía General de la Nación los presentará ante un juez de control de garantías y les imputará los delitos de tortura y homicidio agravado», dijo Barbosa en una breve declaración a la prensa realizada de manera virtual.
Asimismo, señaló que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos solicitará que sean enviados a prisión mientras continúan las investigaciones.
Agentes de la Fiscalía detuvieron el 17 de septiembre en su vivienda de la capital colombiana a uno de los patrulleros, Harby Damián Rodríguez Díaz, mientras que el otro policía involucrado en el caso, Juan Camilo Lloreda Cubillos, se presentó ante las autoridades luego de diversas diligencias de verificación y allanamiento adelantadas por el ente acusador.
Otros siete efectivos fueron retirados de la institución en base en las investigaciones internas, las cuales indican que actuaron de manera cuestionable la noche en la que murió Ordóñez, de 45 años.
Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de septiembre, luego de que Rodríguez Díaz y Lloreda Cubillos sometieron al estudiante en el piso y le propinaron varias descargas eléctricas con una pistola tipo Taser en una calle de Bogotá.
El hombre fue llevado después a una estación de Policía donde, según uno de sus amigos, fue «molido a golpes» por los dos agentes frente a otros que estaban allí, luego de lo cual fue conducido a una clínica en la que falleció a los pocos minutos.
La prensa local también reveló un fragmento de la autopsia, el cual da cuenta de que Ordóñez murió por «un fuerte golpe en la cabeza» y que su cuerpo presentaba varios golpes y afectaciones en órganos internos.
El caso derivó en protestas violentas en algunas de las principales ciudades del país entre el 9 y el 11 de septiembre, la mayoría de ellas en Bogotá y el municipio vecino de Soacha.
Trece personas murieron y 300 más resultaron heridas, mientras que 60 instalaciones policiales fueron afectadas, buena parte de ellas incendiadas por los manifestantes.
