BOGOTÁ (Sputnik) — El expresidente y exsenador colombiano Álvaro Uribe asiste a una audiencia virtual ante un juez de Bogotá en la que su defensa pedirá su libertad inmediata, en el marco del caso que se le sigue por manipulación de testigos y fraude procesal, mientras la contraparte considera peligroso llegarle a dar dicho beneficio.
«Uribe no debe quedar libre, pues representa un peligro para la correcta administración de justicia», escribió en su cuenta de Twitter el senador de izquierda Iván Cepeda, parte civil del proceso en calidad de víctima y quien también participa en la audiencia.
– Defendemos que el régimen legal bajo el cual debe seguirse desarrollando el proceso es el de la ley 600 de 2000 para preservar el sólido acervo probatorio.
– Uribe no debe quedar libre, pues representa un peligro para la correcta administración de justicia.
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) September 16, 2020
Un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que investigaba a Uribe en calidad de senador dictó detención domiciliaria ante la posibilidad de que pudiera obstruir el proceso, por lo que desde el 4 de agosto permanece en su hacienda El Ubérrimo (Córdoba, norte), de unas 1.500 hectáreas.
Sin embargo, Uribe y su defensa sostienen que se encuentra secuestrado y que debe estar en libertad para defender su «honorabilidad».
«Sea cual sea el resultado seguiremos actuando para defender nuestra íntima convicción de que el exsenador Uribe debe responder ante la justicia por los delitos de soborno en concurso homogéneo y fraude procesal», agregó Cepeda en Twitter.
La audiencia, que inició a las 09.00 hora local (14.00 GMT), puede extenderse durante horas, y en la misma participan también representantes de la Fiscalía General y de la Procuraduría (Ministerio Público).
Al final de la diligencia, el juez del caso dará su veredicto o puede anunciar que se tomará un tiempo para decidir sobre la petición de libertad inmediata de la defensa.
Uribe renunció a su escaño como senador el 18 de agosto, con lo cual perdió de inmediato su inmunidad y su caso pasó de la CSJ a la Fiscalía, que el pasado 4 de septiembre le negó su libertad.
El ahora exsenador era investigado desde 2018 por la CSJ en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.
Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación de testigos, Uribe buscaba que los exparamilitares cambiaran su versión y en cambio declararan en contra de Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y quien logró obtener los testimonios de esos testigos, que señalaron al exmandatario de conformar un grupo paramilitar.
Los antagonistas políticos de Uribe -entre ellos Cepeda- consideran que la Fiscalía podría beneficiar al expresidente (2002-2010), ya que el Fiscal General, Francisco Barbosa, es un amigo cercano del presidente Iván Duque, quien a su vez es el delfín político del exmandatario.