SANTIAGO – Invermar, AquaChile, Acuimag, Aguas Claras y Exportadora Los Fiordos fueron las salmoneras que presentaron reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, buscando dejar sin efecto la inédita resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT). En ésta, se ordenó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) entregar la totalidad de la información a Oceana sobre uso de antibióticos y producción correspondiente a 2018 por tratarse de información de interés público.
«En múltiples ocasiones hemos demostrado que la información no tiene un valor comercial, por lo que creemos que las empresas que se oponen buscan encubrir un excesivo uso de antibióticos», afirmó Liesbeth van der Meer, Directora Ejecutiva de Oceana Chile. «Existe un doble estándar en la industria, porque la mayoría de estas empresas hablan de sustentabilidad y transparencia en sus reportes, y luego reclaman judicialmente para impedir la entrega de la información», agregó.
En efecto, la decisión del CPLT estableció que la información solicitada por Oceana no afecta los derechos comerciales y económicos, agregando además que «existe un interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes al encontrarse vinculada con una materia que puede comprometer la salud pública y el medio ambiente». Tras la decisión, una gran parte de las empresas acató la sentencia y permitieron a Sernapesca enviar los datos a Oceana, a excepción de Invermar, AquaChile, Acuimag, Aguas Claras y Exportadora Los Fiordos, cuyos reclamos deberán ser resueltos por la justicia.
Senado abre debate por mayor transparencia en salmonicultura
Actualmente se encuentra en tramitación en el Senado el proyecto de ley que regula, entre otras materias, la obligatoriedad para todas las salmoneras de publicar mensualmente el uso de antibióticos y producción, además de las mortalidades.
«Es de suma relevancia la pronta aprobación de este proyecto, porque hoy la Ley de Transparencia permite a las empresas dilatar la entrega de la información hasta por cuatro años, impidiendo acceder a información de interés público», señaló Javiera Calisto, Directora de la Campaña de Contaminación Marina de Oceana Chile. «Las personas tiene derecho a conocer la información que puede afectar el medio ambiente y su salud, sin tener que pasar por largos procesos judiciales para acceder a ella», añadió.
Hay que recordar que Oceana ha solicitado vía Ley de Transparencia, la información sobre uso de antibióticos y producción desde 2014, encontrando siempre la oposición de la mayoría de las empresas. Algunas de ellas también han presentado reclamos de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones y otras, incluso, han acudido al Tribunal Constitucional, instancia que siempre ha fallado a favor de las salmoneras.
Frente a solicitudes de información anteriores, han sido las Cortes de Apelaciones y Suprema las que han ordenado la entrega de los datos, resoluciones que han llegado tras largos procesos judiciales que han demorado hasta cuatro años y que han establecido claramente que no afecta la competitividad comercial de las empresas y que se trata de información que compromete el interés público.