El 90% de los mexicanos opina que se debe enjuiciar a los expresidentes que hayan cometido actos ilícitos mientras estuvieron al frente del Gobierno de México, señala una encuesta.
Las declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin han animado a parte de los mexicanos a exigir que se abra un juicio contra los expresidentes que estén involucrados en ilícitos. Según una encuesta del diario El Universal, nueve de cada 10 personas está a favor de que el Gobierno federal juzgue a exfuncionarios que hayan cometido algún delito.
Al preguntar si consideran que los expresidentes deben ser llevados a juicios por actos ilegales durante sus gobiernos, Enrique Peña Nieto obtuvo la mayoría con 89,4%, seguido por Carlos Salinas de Gortari con 88,5%, y finalmente aparece Felipe Calderón con 82,1%.
Si bien, sólo tres de los expresidentes se encuentran por arriba del 80% de aprobación para ser juzgados, en la lista también aparecen Vicente Fox con 78% y Ernesto Zedillo con el 74,3%. Por lo que, de decidirse en consulta ciudadana iniciar un juicio contra los expresidentes, la justicia mexicana deberá definir los parámetros para la validez de la petición de juicio.
No obstante, en cuanto a la posibilidad de someter a votación popular la decisión de enjuiciar a expresidentes como lo ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 50% está de acuerdo con realizar una consulta y el 46,1% piensa que no se debe hacer.
Respecto a las declaraciones de Lozoya, en las que aparecen expresidentes, la población desconfía, pues el 53,9% opina que el exfuncionario no dirá la verdad. Para el 86,7% de los encuestados, Lozoya debería ir a la cárcel por los delitos que cometió, mientras que el 7% cree que no debería colaborar con el Gobierno para capturar a otros exservidores públicos.
En tanto que, sobre el vídeo que muestra a Pío López Obrador recibiendo dinero de David León para apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el 75% de los encuestados piensa que debería sancionarse al partido en caso de que se comprobara la ilegalidad del destino del dinero.
