SANTIAGO — Chile ha pasado por una decena de procesos constitucionales en sus dos siglos de historia pero hoy, por primera vez, se prepara para cambiar su carta magna con la participación de toda la ciudadanía.
A 66 días de la esperada consulta ciudadana que dilucidará si el país desea o no entrar en un proceso constituyente, surgen varias dudas aún no resueltas, siendo la más apremiante de todas: ¿cómo votarán las personas contagiadas de COVID-19?
Si bien hay algunos pocos que plantean que los enfermos con coronavirus no deberían votar, existe un consenso general en el mundo político, en el Gobierno y en la sociedad civil de que no se puede discriminar a una persona por portar un virus. «Todos tienen derecho a votar», zanjó durante una entrevista el ministro de Salud, Enrique Paris.
El verdadero debate está en la fórmula que debe utilizarse para evitar la transmisión masiva del virus durante el proceso consultivo. Este tema, que está siendo analizado por el Servicio Electoral en conjunto como por las autoridades sanitarias, no ha logrado generar consenso entre los expertos.
Fórmulas
La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, pidió implementar un voto remoto para los contagiados. Esta opción abre la puerta a un sufragio por correo postal, o incluso a un voto por Internet o telemático. Pero los expertos en seguridad informática indicaron que en Chile no existe actualmente la capacidad para implementar un sistema seguro de voto electrónico en tan poco tiempo.
Además, las autoridades del Servicio Electoral manifestaron que el voto remoto no garantiza que sea secreto.
También se planteó la opción del «triage», que es como se llama en jerga médica al sistema de clasificación de los pacientes enfermos. Este método plantea que los contagiados de COVID-19 puedan votar en la misma mesa que las personas sanas, pero con horarios diferidos o con entradas especiales para ellos. El ministro Paris se manifestó a favor de esta fórmula.
Un último planteamiento que tomó fuerza durante un tiempo es que el plebiscito pueda durar más de un día, y que durante una segunda jornada puedan votar sólo contagiados. No obstante, el Servicio Electoral descartó esta opción debido a que sería muy costoso para el Fisco.
Financiamiento
Uno de los avances más importantes en cuanto a la transparencia de las elecciones populares en Chile fue cuando el país en 2016 prohibió que las empresas con fines de lucro financiaran las campañas políticas, luego de conocerse una serie de escándalos de fraude al fisco y cohecho relacionados a este tema.
La próxima semana comenzarán las campañas del Apruebo y del Rechazo de una nueva Constitución, y aunque se espera que se respeten los mismos principios de transparencia, esto aún no ha quedado establecido oficialmente.
Además, tampoco se ha determinado cuál será el límite de dinero que podrán gastar los comandos de ambas campañas. De no regularse este punto, se teme que la campaña que más invierta tenga más posibilidades de imponerse.
Cuórum
¿Debe haber un piso mínimo de votantes? Desde la derecha, algunos parlamentarios señalaron que si no vota más del 50% del padrón electoral, el plebiscito debería anularse. El senador de Renovación Nacional (derecha), Francisco Chahuán, presentó un proyecto en el Congreso para regular esto.
Sin embargo, el acuerdo constitucional que normó el plebiscito no estableció un cuórum mínimo y además, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, disparó una certera respuesta a los que abrieron este debate en la derecha. «El presidente Piñera fue elegido con 49% de participación y nunca se ha cuestionado su legitimidad», dijo en entrevista con radio Cooperativa.
En Chile el voto es voluntario desde hace una década y desde entonces, el porcentaje de la gente que acude a votar ha disminuido considerablemente. Algunos sectores políticos en el último tiempo han postulado el retorno del voto obligatorio, pero la idea no ha prosperado y tampoco logró implementarse para este plebiscito.
Los pesimistas
El plebiscito ya fue aplazado una vez en abril de este año debido a la explosión de contagios por el COVID-19. Hoy, la expansión del virus está más controlada en el país y el consenso general de la sociedad civil es que la consulta no debe tocarse nuevamente. A excepción de los menos optimistas.
El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien representa a la ultraderecha del país, señaló que este será el «plebiscito de la muerte», e inició una campaña en redes sociales para impedir que se haga.
El diputado del Partido Unión Demócrata Independiente, Sergio Bobadilla, también desde el ala más dura de la derecha, abogó por cancelar el proceso constitucional con una frase argumentativa que anonadó a los filósofos más experimentados. «El plebiscito más seguro es el que no se hace».
Lo que causó más sorpresa fueron los dichos del diputado Jaime Mulet, de partido Federación Regionalista Verde (centroizquierda), hasta el momento la única voz de la oposición que se ha manifestado por posponer nuevamente el plebiscito. Mulet pidió aplazar hasta noviembre.
Como en una ecuación matemática, las incógnitas irán despejándose una a una hasta el 10 de septiembre, el plazo fatal del Servicio Electoral para presentar el protocolo final.
Por Francisco Bravo Atias – Corresponsal en Chile de Sputnik desde 2017. Anteriormente trabajó en los diarios La Segunda y El Mercurio. Graduado de periodismo de la Universidad Diego Portales de Chile.