SANTIAGO – Con respecto a lo ocurrido la noche del sábado en Curacautín- cuando un grupo de personas se congregó en el frontis de la Municipalidad con la intención de apoyar a Carabineros en el desalojo de comuneros mapuche que se habían tomado las dependencias- Amnistía Internacional manifiesta profunda preocupación por este hecho que se puede calificar como una oleada de violencia racista.
Este tipo de actos que reunió a vecinos que acudieron durante el toque de queda a las municipalidades tratando de usar la fuerza para desalojarlas, se replicó también en Victoria, Traiguén, Collipulli y Ercilla, y ha tenido lugar tras la visita a la zona del nuevo Ministro del Interior, Víctor Pérez, quien instó a los alcaldes a asegurar el desalojo de los recintos municipales, y alertó que pediría un pronunciamiento a la Contraloría General de la República.
En este contexto, Amnistía Internacional hace un llamado enérgico a:
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Que el gobierno condene la violencia con connotación racista y los discursos de odio, dejando claro que no es aceptable bajo ninguna circunstancia.
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Que se asegure la igualdad ante la ley, así como una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos acontecidos y adoptando criterios propios de un debido proceso que deslinde responsabilidades respecto de todas las personas que participaron en hechos de violencia y/o daños, sin distinción alguna y sin que se valide de ninguna forma la «autotutela» como pretexto. La investigación debe ser exhaustiva e imparcial, se debe regir por el principio de objetividad, sin sesgos, de manera de identificar de forma precisa y adecuada a los responsables. Será crucial el rol de la Fiscalìa y de los Tribunales para garantizar justicia en este contexto.
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Que se investigue de manera exhaustiva cualquier forma de maltrato del que hayan sido víctimas las personas detenidas, en el contexto y durante su detención, y se hagan efectivas las responsabilidades administrativas y penales correspondientes, ya sea de carabineros o de otras personas presentes en el lugar.
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Que se investigue igualmente la responsabilidad de Carabineros por posible omisión en su deber de protección. La aquiescencia de las autoridades en delitos cometidos por terceros, supone la responsabilidad del Estado por cuenta de los agentes que lo toleraron.
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Que en el contexto de todo lo anterior, se tenga siempre en consideración las obligaciones del Estado de Chile de acuerdo al Convenio Internacional de Derechos del Niño, el cual- por supuesto- rige también respecto de niños, niñas y adolescentes mapuche, quienes constituyen sujetos de especial protección.
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Que se exija a Carabineros el estricto apego a los estándares de derechos humanos en todas sus intervenciones, sin excepción. Nos preocupa que el actuar de Carabineros esté basado en criterios de discriminación, de tal manera que su acción y su adecuación al estándar internacional dependa de quién esté participando en los hechos y/o qué causa defiende.
Junto a lo anterior, Amnistía Internacional recuerda que el Estado de Chile tiene el deber de proteger a grupos pertenecientes a pueblos indígenas e impedir todo acto de discriminación en contra de ellos. Por dicha razón, es urgente dar pleno cumplimiento a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, y al Convenio 169 de de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, vigente en nuestro país desde el año 2009, el cual exige el respeto de los pueblos indígenas y obliga a los Estados Parte a proteger sus derechos, reconociendo sus culturas, formas de vida, y derechos sobre las tierras y recursos naturales.
Es imprescindible abordar la situación que se vive en la Araucanía con urgencia de manera que se dé una señal clara de que la autotutela no es admisible en un Estado de Derecho, y que el racismo no tiene cabida en una sociedad respetuosa de los derechos humanos.
Declaración completa de Amnistía Internacional en el siguiente link.
