La embajada de China en Londres condenó la decisión británica de suspender el acuerdo de extradición a Hong Kong, al calificarla como una violación del derecho internacional.
«La parte británica ha ido ahora aún más lejos por el camino equivocado de ignorar la posición oficial de China […] Infringió una vez más el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales e interfirió descaradamente en los asuntos internos de China en un intento de malograr la implementación de la Ley de Seguridad Nacional para la RAE [región administrativa especial] de Hong Kong y socavar la prosperidad y la estabilidad de la ciudad», declaró la legación diplomática.
El comunicado añade que «China luchará firmemente contra cualquier interferencia en sus asuntos internos» y que «el Reino Unido enfrentará las consecuencias si se empeña en seguir por el camino equivocado».
El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, anunció la suspensión de los acuerdos de extradición con respecto a Hong Kong al intervenir el 20 de julio en la Cámara de los Comunes del Parlamento.
Raab dijo asimismo que el embargo sobre la exportación de armas y municiones a China, vigente desde 1989, se extenderá en adelante a las ventas de material militar o policial a la antigua colonia británica.
La oposición laborista respaldó la acción gubernamental y pidió revisar además del papel de la policía británica en la formación de agentes del orden de Hong Kong.
Las relaciones entre el Reino Unido y China se han deteriorado a raíz de la ley de seguridad nacional, promulgada en Pekín para Hong Kong, y el veto británico a la continuidad de Huawei en la red de comunicaciones 5G.
El Gobierno del presidente Xi Jinping ha advertido de que las acciones del Ejecutivo de Boris Johnson tendrán consecuencias.
El Reino Unido no es el único país que somete a revisión sus relaciones con China por el tema de Hong Kong.
El 9 de julio, Australia anunció que suspende el acuerdo de extradición con Hong Kong y extenderá las visas para unos 10.000 hongkoneses, en su mayoría estudiantes, que se encuentran en su territorio y los cuales podrán optar luego al permiso de residencia permanente.
El presidente de EEUU, Donald Trump, promulgó el 14 de julio una ley que le otorga las herramientas para «hacer responder a China por sus acciones opresivas contra el pueblo de Hong Kong», así como una orden ejecutiva que pone fin a las preferencias estadounidenses para esta región administrativa especial, que tendrá el mismo trato en adelante que el territorio continental de China.
La nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong, promulgada en Pekín a fines de junio pasado, penaliza los actos de subversión, terrorismo, secesión, conspiración con influencia extranjera y otros que amenacen la seguridad del territorio.
Los detractores de esa ley en Hong Kong y en Occidente la atribuyen al deseo de Pekín de recrudecer el control sobre la región autónoma.
Según ellos, la nueva normativa se contradice con la Declaración Conjunta Sino-Británica de 1984. El documento, que entró en vigor al año siguiente, estableció que Hong Kong, tras volver en 1997 bajo la soberanía de Pekín, mantendría por 50 años un amplio grado de autonomía como región administrativa especial en el seno de China de conformidad con el principio «un país, dos sistemas».
China rechaza cualquier crítica contra la nueva ley de seguridad y sostiene que los temas relativos a Hong Kong son su asunto interno.