LA PAZ (Sputnik) — Los comités cívicos de Bolivia demandaron la anulación de las elecciones previstas para el 6 de septiembre y una nueva convocatoria a comicios generales que excluya al Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, informaron medios locales.
«Los comités cívicos de Bolivia determinan: primero, exigir la anulación de la convocatoria del proceso electoral del 6 de septiembre de 2020 y realizar una nueva convocatoria al proceso electoral, cuando las entidades técnicas, médicas a cargo de la pandemia lo consideren seguro», dijeron en un comunicado publicado por los medios.
La decisión, según los reportes de prensa, fue tomada por representantes de los comités de todo el país, reunidos en La Paz, en un nuevo episodio de una escalada de presión de las fuerzas conservadoras del país, incluido el Gobierno transitorio, sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La declaración de los cívicos, que tuvieron participación directa en el derrocamiento de Morales el año pasado, se sumó a demandas de al menos tres frentes políticos derechistas, entre ellos el de la presidenta transitoria Jeanine Áñez, para que el TSE aplace la votación nacional y elimine al MAS por supuestos delitos electorales.
Proceso cuestionado
El movimiento cívico coincidió con el criterio gubernamental de que las elecciones, pospuestas ya dos veces desde mayo por la emergencia sanitaria, no deberían realizarse en medio de la pandemia de COVID-19.
La resolución señaló que las elecciones deberían realizarse «desde luego sin la maquinita fraudulenta establecida, con un nuevo padrón electoral, que ofrezca certeza y garantía a los ciudadanos para unas elecciones limpias y transparentes».
Tras esa alusión al supuesto fraude del MAS que provocó la anulación de los comicios de 2019, que había ganado Morales, los cívicos exigieron que se complete la investigación de las irregularidades denunciadas el año pasado y se impida que el partido del expresidente vuelva a participar en unos comicios.
Caso contrario, advirtieron, se exigirá la renuncia del presidente del TSE, Salvador Romero, un experto electoral designado por la presidenta Áñez a fines de 2019.
Los representantes regionales añadieron que tomarán en los próximos días medidas de presión, que no precisaron.
El pedido de anulación de la personería jurídica del MAS se basaba en una declaración del candidato masista Luis Arce a una televisora local, en la que respondió a una pregunta sobre una encuesta de intención de voto, violando según los denunciantes la prohibición de divulgación de encuestas.
El presidente del TSE declaró el pasado fin de semana que no habría fundamento para sancionar al MAS porque la campaña electoral todavía no está activa.
El partido de Arce, por su parte, sostuvo que su candidato respondió a una consulta pero no hizo la presentación de una encuesta preelectoral.
El candidato masista ha aparecido invariablemente como primero en las encuestas de intención de voto publicadas hasta ahora.
