El 28 de mayo se cumplió un año desde que la Corte Suprema de Chile fallara en favor de las poblaciones de Quintero y Puchuncaví, afectadas por emergencias ambientales y sanitarias en 2018. Un dictamen histórico que obligaba al Estado y a las empresas a tomar medidas para evitar nuevos episodios de contaminación, pero que sigue siendo letra muerta.
En agosto y septiembre de 2018 se produjeron tres graves episodios de contaminación en las localidades de Quintero y Puchuncaví en la zona central de Chile, que acapararon los titulares de los medios informativos.
La crisis sanitaria perjudicó a más de 1.700 personas, especialmente niños, niñas y adolescentes, que resultaron intoxicados por la inhalación de gases y compuestos químicos provenientes de las industrias que operan en el sector, que se considera una zona de sacrificio.
Las comunidades denunciaron la exposición de miles de vecinos a las condiciones de salud, producto de una industria que alguna vez les prometió progreso.
Se interpusieron reclamos ante la Justicia, que hace un año acogió ocho de los 12 recursos presentados, en los que se ordenan 15 medidas inmediatas, entre ellas, realizar estudios para determinar cuáles son los gases, elementos o compuestos presentes en la zona de sacrificio, así como instalar filtros y dispositivos que midan las emanaciones.
A pesar de la urgencia, transcurrido un año, estas medidas no se han implementado, lo que condena a la localidad a seguir sufriendo las consecuencias de la contaminación.
«El fallo lo aplaudimos, porque venía a solucionar varios problemas de la zona de sacrificio tanto de Quintero como de Puchuncaví, pero también teníamos conciencia que el Estado no iba a responder a esto», revela María Araya, presidenta del Consejo Consultivo de Salud y representante de los usuarios del Hospital Adriana Cousiño.
«No sabemos todavía bien lo que pasó en 2018, no sabemos cuáles y cuántas son las enfermedades de base que tenemos en la comuna, si son a causa del compuesto que respiramos. Nuestra gente sigue muriendo de cáncer, y no sabemos cuántas de estas personas tal vez viven en relación directa con estos contaminantes», denuncia a Sputnik Manuel Pizarro Pérez, director del Movimiento por la Infancia de Quintero-Puchuncaví y representante de la Red Infancia Chile.
Pérez agrega que su comunidad aún no tiene el plan de emergencia de la Oficina Nacional de Emergencia(ONEMI), que fue uno de los puntos que se solicitó. En caso de tener nuevamente una crisis ambiental o intoxicación masiva, «hoy día no sabemos qué hacer, yo le pregunto a cualquier persona y no tienen idea, a lo mejor lo implementaron, pero la gente no lo sabe», indica.
Para Matías Asún, director de Greenpeace, lo que sucede en Quintero y Puchuncaví es un abierto desacato por parte del Estado chileno a lo dictaminado por la Corte Suprema: «es impresentable que lo que ha ordenado el máximo tribunal del país lleve un año como letra muerta», señala.
Las localidades siguen sometidas a un contexto general de contaminación permanente, explica el director de la ONG, especificando que el 82% del tiempo, contemplado en este último año, «la zona se encontró bajo gestión de episodios críticos por contaminación».
«El plan de descontaminación no descontamina, siendo que era un plan que iba a controlar un poco a las empresas y hasta el momento no las ha controlado y tenemos contaminación casi día por medio», confirma María Araya.
«Tenemos pico de CO2, sin contar que tenemos la pandemia encima y no contamos con un hospital al que podamos acudir como corresponde. Esa es la evaluación, todo mal».
Manuel Pizarro, quien es recurrente a través de la Defensoría de la Niñez, señala que no existe ningún avance, porque como vecinos siguen viendo y viviendo el constante derrame de carbón en las playas cercanas. Pasado un año, al leer los puntos que se dieron como para que se cumpla por parte de los magistrados, «claramente esto no se ha cumplido», agrega.
Para Greenpeace, las medidas no se han tomado porque las instituciones y las empresas involucradas debieran asumir la verdad, y es que la zona está altamente degradada ambientalmente, afectando la salud, y vida de las personas que allí habitan.
Una verdad que implica responsabilidades, como determinó la sentencia de la Corte Suprema, que establece que el Estado es responsable por omitir el ejercer sus facultades para proteger a la ciudadanía.»La misma norma horaria de dióxido de azufre es permisiva porque permite contaminar 133 horas anuales durante tres años y que las empresas puedan sobrepasar la norma, entonces hoy día una empresa como Aes Gener, como Codelco, sobrepasan la norma y no tienen ninguna infracción», revela Pizarro.
Para la ONG, también son responsable las empresas, tanto las particulares como las del Estado, puesto que dos de las megafuentes contaminantes son empresas públicas.
«Ser responsable implica reparar los daños e indemnizar aquellos no reparables para las personas y el medio ambiente», puntualiza Asún.
Doble pandemia
Esta situación crítica se agrava con la pandemia de COVID-19, puesto que la organización ambientalista alerta sobre por las precarias las condiciones ambientales que se mantienen en la zona en este momento, a pesar del fallo.
De acuerdo a Greenpeace, durante este período de pandemia Quintero y Puchuncaví han enfrentado 46 días con altas concentraciones de dióxido de azufre (SO2), las cuales han superado los máximos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
«Basta revisar las estaciones de monitoreo y ver la presencia de dióxido de azufre en la zona durante la pandemia. En la estación Los Maitenes llevan 46 días superando los límites diarios de la OMS, 34 jornadas en Quintero Sur, 26 en Villa Alegre, 13 en Puchuncaví y siete en Ventanas. La situación es crítica ya que hasta se han quintuplicado los valores establecidos internacionalmente», detalla Asún.
«El otro día me dijeron en una entrevista, ‘pero María, ustedes tienen la pandemia del COVID-19’. Sí, pero nosotros tenemos una pandemia anterior que es la de la contaminación, y esa no la vamos a tapar con nada, todo lo contrario, nos perjudica más», destaca la presidenta del Consejo de Salud de la zona.
Para la comunidad de esta zona de sacrificio «ha sido supertraumante», debido a los más de 1.700 intoxicados, a toda la gente que no quiere salir a calle porque no sabe que hay en el aire y ahora se suma la pandemia.
«Hemos sido una comunidad supervulnerada y ultrajada también, porque imagínate lo que es vivir en el constante miedo de que, lo que es más básico para la vida, el respirar, te puede envenenar», denuncia a Sputnik Hugo Poblete, presidente del Sindicato de Pescadores Artesanales Septiembre S-24 de Quintero.
Poblete declara que ha sido muy doloroso sentirse como ciudadanos de segunda clase «porque si este parque industrial estuviera en Papudo, por ejemplo, donde vive gente de lucas [dinero], no pasaría esto, o en otro lado. Siempre la zona de sacrificio están en las poblaciones que son más pobres», concluye.
Frente al incumplimiento, tanto los vecinos organizados como Greenpeace exigen la regulación de contaminantes y la elevación de los estándares que actualmente se establecen en Chile. Además del cierre de las industrias que no cuentan con autorización ambiental, y que se revisen las autorizaciones ambientales de las empresas, para así establecer medidas de compensación, mitigación y reparación de los daños, un «seguimiento y reparación en el derecho a la salud de la población», en palabras de Asun.Porque no hay que olvidar, como explica el director de Greenpeace, que «a los graves y constantes episodios de contaminación ahora se suma el peligro del avance del coronavirus. La combinación de estos dos elementos, como lo han señalado un estudio publicado por la Universidad de Harvard y otro de la revista Science of the Total Environment, podría ser particularmente peligroso e incidiría de manera importante en las tasas de letalidad en medio de la pandemia», puntualiza Asun.
Qué se viene
Los pescadores artesanales no han dejado de seguir protestando y revelando lo que sucede en la zona a pesar de la pandemia, «con el sindicato hemos estado constantemente peleando, denunciando los derrames, los peak, y todo pero nosotros solos no podemos hacer nada, así que con los demás grupos medioambientales que son de acá de la comuna vamos a contratar abogados para obligar a que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, ese es como uno de los pasos a seguir ahora, ya», revela Hugo Poblete.
En el caso que estas medidas no resulten según Manuel Pizarro, van a acudir a instancias «acusando al Estado de Chile por no cumplir un fallo de esta categoría», concluye.
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
