VALPARAÍSO – La diputada Cristina Girardi (PPD), con las firmas de Camila Vallejo (PC), Juan Santana (PS), Gonzalo Winter (CS) y Mario Venegas (DC), entre otras, presentó un proyecto de ley que busca excluir de los procesos licitatorios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), a las empresas proveedoras de alimentación escolar que hayan terminado su contrato anticipadamente con la entidad pública por infracción a las bases de la licitación o tengan acumuladas más de dos multas por infracciones graves en contratos anteriores.
«Este proyecto de ley busca que la Junaeb ponga restricciones respecto a las empresas que hayan tenido un mal comportamiento, entregado alimentación deficiente, muchas veces podrida, donde no se cautela el bien último de este tipo de servicios, que es la alimentación de los niños», sostuvo la autora del proyecto, Cristina Girardi.
«Como obviamente ocurre, son empresas que ganan licitaciones pero que su interés principal es la ganancia y no la alimentación de los niños. Para ganar más plata, hay que reducir costos y eso se traduce en la mala alimentación que reciben los niños de las escuelas más pobres de nuestro país», complementó.
A su vez, Girardi subrayó que no es aceptable que el organismo público encargado de generar estos contratos no tenga la precaución de excluir de los procesos licitatorios a los incumplidores, sin que existan sanciones, justo en medio de una crisis sanitaria.
«Estamos planteando y como quedó en evidencia en la Comisión Investigadora, Junaeb pasa multas pero no las cobra y sigue contratando a las empresas que tienen un pésimo comportamiento del punto de vista del servicio que entrega. Sin embargo, cuando vuelven a postular a licitaciones, Junaeb no le pone ninguna restricción. Por ley estamos señalando que por contratos que han sido caducados de forma previa, no deberían ser participantes en una nueva licitación».
«No estamos en presencia de la entrega de ‘cualquier cosa’, estamos en presencia del derecho de la alimentación, de un derecho fundamental que debe ser asegurado por el Estado. En esta época de pandemia, los problemas de mala alimentación o productos deficientes entregados por las empresas deben tener sanciones altísimas», cerró.
