Otra de las consecuencias que ha dejado la crisis del coronavirus es la violencia doméstica contra las mujeres. En Chile, cifras oficiales y de organizaciones feministas informan que las denuncias y llamados a líneas de ayuda se han duplicado en la pandemia, ya que las víctimas se encuentran aisladas y encerradas junto a su agresor.
Las medidas de aislamiento social preventivo adoptadas en Chile frente a la pandemia de COVID-19 han significado la restricción del contacto físico y social, la disminución de la circulación de personas, el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas de la población y el aumento de la violencia doméstica.
«Hemos visto desde el comienzo de las cuarentenas como ha aumentado la violencia intrafamiliar fundamentalmente, la violencia doméstica y lo hemos visto en nuestras propias redes», cuenta a Sputnik Yoselin Fernández, periodista de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
«Constantemente estamos recibiendo denuncias o solicitudes de orientación, de saber cómo denunciar, y esas solicitudes aumentaron muchísimo sobre todo entre mediados y finales de marzo», refuerza.Según datos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, aumentaron en un 70% las llamadas a la línea 1455 de orientación en violencia contra la mujer en la primera semana de cuarentena en Chile. Las llamadas realizadas a la línea 149 de Carabineros (Policía chilena) se incrementaron en un 21%.
Los porcentajes reflejan una dura realidad que se está viviendo entre cuatro paredes en medio de la crisis sanitaria chilena. Y si se considera que las cifras oficiales no contemplan los llamados de ayuda recibidos por agrupaciones feministas y organizaciones especializadas en violencia de género, el panorama es todavía peor.
«Conversando con las compañeras de ABOFEM, (Asociación de Abogadas Feministas), de la Corporación Miles (por los Derechos Sexuales y Reproductivos) que prestan servicio a mujeres que sufren violencia, ellas nos comentaron de entre un 30 a un 40% fue el aumento en las solicitudes a sus sitios web», detalla González.
Desconfianza en el Estado
A pesar del aumento de las denuncias, llamados y consultas a los teléfonos de ayuda y las redes de las distintas ONG, las acusaciones en la policía uniformada chilena, que permiten abrir un proceso judicial contra los agresores, disminuyeron en un 25% en el mes de abril del 2020, respecto al mismo mes del 2019, según lo reportó la Zona de Prevención y Protección de la Familia (Zonafam) de Carabineros de Chile.
Una disminución que, para Tatiana Hernández investigadora del Observatorio de Género y Equidad y Vesna Madariaga, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del ministerio de la Mujer, y miembro de la Coordinadora 8M, responde a que «los Estados han fallado para enfrentar la violencia contra las mujeres y niñas. Estados que revictimizan, porque actúan sin la celeridad o debida diligencia para garantizar atención, protección, reparación y la justicia que las mujeres necesitan», indican ambas a Sputnik.
Y agregan «son muchas las mujeres que descartan la denuncia como alternativa de salida a la violencia porque sienten que se agudiza con ella la amenaza y riesgo de vida, entre otras razones, por reconocer la precaria diligencia que tiene el Estado para actuar y garantizar protección».
Para la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, el actuar estatal resulta insuficiente y es fundamental que haya medidas efectivas donde «se garantice que, si una mujer hace una denuncia, los carabineros van a llegar y le vas tomar esa denuncia y la van a resguardar». Porque para ellas, el hecho que hayan aumentado las llamadas a los teléfonos y no así las denuncias policiales, les preocupa. «Eso puede significar también que carabineros no esté acudiendo a los llamados que se les está haciendo. Entonces creo que eso igual es supercomplejo en ese sentido y a todas luces insuficiente abrir más canales de denuncia si eso no va acompañado de un proceso judicial, de acompañamiento psicológico y de protección hacia las mujeres que están sufriendo violencia«, declara González
Por su parte Madariaga y Hernández sostienen que una proporción importante de mujeres no creen que sirva denunciar porque previamente en efecto, «no ha pasado nada». Para ambas, la baja de denuncias en Carabineros y en la Fiscalía, cuando se compara el año 2019 con el 2020 en medio de la pandemia, «no solo obedece al impedimento material de desplazamiento debido al confinamiento actual, se debe fundamentalmente al aumento de la sensación de vulnerabilidad que experimentan las mujeres que están en cuarentena y que no confían en la respuesta del Estado».
Desconfianza que, según las especialistas, se agudizó con Carabineros de Chile, institución que recibe el 90% del total de denuncias, «ante los hechos de violencia político sexual perpetrados por agentes de Estado en la revuelta social en curso desde octubre del 2019».
La protección territorial
Para Tatiana Hernández y Vesna Madariaga es fundamental promover la participación activa de las organizaciones de mujeres y feministas para erradicar la violencia hacia las mujeres en todos los territorios, «porque es fundamental generar redes de apoyo, cuidado colectivo, solidaridad y organización. Además, se debería contar con una normativa nacional integral y de amplias garantías, entre otras condiciones mínimas».
Una apreciación que comparte Yoselin González, quien señala que la Red «está apostando por una estrategia que es la organización territorial, la organización local, a partir de organizaciones y de redes que existen».
La Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres está formada por colectivos de las 16 regiones de Chile y en ese sentido González explica que han recurrido a esa red de apoyo para abordar este tema, porque «sabemos que una de las herramientas más efectivas para combatir la violencia contra la mujer es precisamente la organización y afrontar el problema es precisamente la organización y afrontar el problema, no como un problema individual de una mujer que tiene en el fondo un conflicto con una persona, sino como un problema social y que le compete a toda la comunidad hacerse parte de resolver ese problema».
Bien lo sabe esto el Movimiento de Salud en Resistencia (MSR) que en sus acciones de sanitización territorial, han repartido violentómetro, instrumento que establece las conductas de violencia en menor a mayor riesgo, «y lo que hace es sensibilizar a la mujer sobre los riegos que puede estar sufriendo en contexto de violencia, es un instrumento ya probado y que comenzamos a distribuir en los territorios. Nosotros tenemos trabajo en 14 territorios, en coordinación con Asambleas Territoriales, con las Brigadas de salud que se generaron a partir del 18 de octubre», relata a Sputnik Paola Mejías, miembro del MSR.
Y agrega, «como estamos ante esta emergencia de género lo que hicimos fue que se visibilizara también dentro de los hogares, entregar esta herramienta a las mujeres, para que lo observen y vean en qué nivel de riesgo están, que se puedan dar cuenta que están siendo violentadas y lo que se hizo en algunos comités fue poner un número para que ellas puedan dar un llamado de emergencia en caso de que necesiten ayuda».
Violentómetro: por el derecho de las mujeres a vivir sin violencia ¡Compártelo!#8demarzo #Díadelamujer #Niunamenos pic.twitter.com/APVTJuwCAZ
— INDH Chile (@inddhh) March 8, 2016
Mejías también cuenta que están creando un protocolo y están «formando a algunos compañeros que son de los territorios de las organizaciones de base para ser acompañantes de estas violencias». Personas que trabajen desde el territorio, con un plan de emergencia de género, «es decir que puedan ejecutar en sus territorios un plan para saber qué hacer con estas mujeres, dónde la llevo, si quiere hacer denuncia, dónde llevarla para resguardarla, cómo protegerla».
Porque para ella la mejor forma de enfrentar y de apoyar también a mujeres que sufren violencia doméstica «es absolutamente la organización comunitaria, territorial, local, las redes de apoyo, las redes de confianza, o sea lo más importante es que pese a que hay una necesidad de aislarse físicamente, que eso no implique por ejemplo perder el contacto con las amigas, con las vecinas, con los familiares con una persona a quién la mujer puede acudir, en el caso que esté sufriendo algún tipo de violencia».Lo cierto es que este contexto de crisis sanitaria pone urgencia la necesidad de tener mejores políticas para enfrentar esta otra pandemia de la violencia patriarcal contra la mujer, y que para Madariaga y Hernández, «la subordinación de las mujeres y la violencia ejercida hacia ellas, cambiará solo en la medida en que sean concebidas como sujetas sociales protagónicas, valoradas en el rol activo que tienen para el desarrollo social y económico del país y de su comunidad».
Por Carolina Trejo – Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
