VALPARAÍSO – El diputado Boris Barrera lamentó que la Cámara de diputadas y diputados haya declarado inadmisible el proyecto presentado junto al legislador Guillermo Teillier, que facilitaba el acceso al subsidio de arriendo a personas con especial vulnerabilidad habitacional provocada por la pandemia.
La iniciativa, rechazada por la derecha y algunos sectores de oposición, buscaba enfrentar los efectos generados por el Covid-19, como el aumento significativo del desempleo y con ello, las dificultades para afrontar las necesidades básicas, entre ellas el arriendo. Por ello, la moción apuntaba a beneficiar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, incrementada por la cuarentena; a los y las trabajadoras que estén recibiendo el seguro de cesantía y los y las extranjeras con residencia en el país, que acrediten estar tramitando su cédula de identidad, incluso si está vencida.
Al defender la admisibilidad del proyecto, Barrera afirmó que la moción “no pide, ni exige recursos frescos o reasignación. No interfiere en la administración financiera del Estado, no disminuye gasto alguno, ni lo incrementa. Solo permite o amplía las posibilidades de postulaciones al subsidio de arriendo”
El legislador indicó que es una iniciativa “que piensa y actúa en favor de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, que viviendo en cuarentena se ven expuestas al peligro de su integridad física, al estar obligadas a convivir en un mismo lugar con su agresor”. Añadió que también ayuda a las y los desempleados que reciben seguro de cesantía.
“En estos dos casos específicos hay personas que tal vez, no necesitaban recurrir a este beneficio. Sin embargo, de un día para otro, su realidad cambió y el Estado tiene la obligación de acudir a ellos” puntualizó.
“Ojalá que una persona víctima de violencia intrafamiliar no se transforme en una víctima de femicidio, producto de no tener las condiciones económicas para acceder a un arriendo”, precisó.
El diputado Barrera subrayó que “no se trata de un proyecto que sea de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, porque no extiende el número de beneficiarios y si lo hiciera, no necesariamente sería inadmisible”.
Explicó que, por ejemplo, hay mociones que crean penas privativas de libertad y son admisibles, pese a que evidentemente generan gastos, ya sea en alimentación, en aumento de funcionarios, etc.
Finalmente, Barrera afirmó que “el proyecto no crea, ni modifica un programa, no interfiere con las facultades del ministro. Este proyecto no incrementa, ni disminuye gastos, no crea servicios, no suprime y menos determina funciones y atribuciones, sino que da curso a la aplicación de los criterios nuevos al “reconocer” las actuales funciones ya ejercidas. Los verbos rectores son claros al respecto”.
