- mayo 11, 2020
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Prensa y políticos protestan en Bolivia contra más restricciones a libertad de expresión
LA PAZ (Sputnik) — Empresarios de medios y dirigentes políticos de Bolivia protestaron contra una reciente disposición del Gobierno transitorio…
LA PAZ (Sputnik) — Empresarios de medios y dirigentes políticos de Bolivia protestaron contra una reciente disposición del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez que amplió las restricciones a la libertad de expresión, en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) «hace pública su profunda preocupación por el contenido del decreto 4231 que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200, aplicados en tiempos de pandemia», dijo esa organización de propietarios de medios impresos en un comunicado.
La tipificación de la «desinformación» sobre la pandemia como un delito penal contra la salud pública y la paz social ya había generado polémica cuando fue incluida en decretos del mes pasado, incluso con protestas de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pese a las protestas, otra norma emitida el 7 de mayo extendió el castigo a las personas que «difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población».
Curiosamente, la nueva disposición estaba contenida en una disposición adicional de un decreto que autoriza gastos públicos en favor de enfermos de cáncer.
La ANP demandó que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la libertad de expresión y de opinión.
El candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo, Luis Arce, calificó a la polémica regulación como «nuevo atentado a las libertades democráticas en nuestro país» y exigió su anulación inmediata.
Otro candidato, el expresidente neoliberal Carlos Mesa (2003-2005), consideró a la norma como «autoritaria, que vulnera derechos constitucionales fundamentales en nuestra sociedad».
En respuesta a estas protestas, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo que la penalización de la «desinformación» como delito contra la salud pública apuntaba a personas que supuestamente difunden información falsa en las redes sociales.
En Bolivia existen 2.556 casos positivos de COVID-19, 273 recuperados y 118 decesos, según las últimas cifras del Ministerio de Salud, difundidas el domingo.
