Nuestra infancia, la más desprotegida de toda nuestra sociedad, cuyos derechos le son vulnerados día a día, aquellos niños y niñas y adolescentes llamados institucionalizados, estaban siendo violentados, a nuestras espaldas, desde febrero de este año.
En esa fecha, el Director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gustavo Jordán y la Directora del Servicio Nacional de Menores, Sename, Marta Tonda, firmaron “convenio de acuerdo y colaboración”, digamos un acuerdo espurio, entre cuatro paredes, en el que convenían que la ANI pudiera acceder a la información relevante y pertinente para “producir inteligencia”.
El Sename recibiría de parte de la ANI supuestas asesorías relacionadas con normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica. Se puede deducir entonces que la información de niñas, niños y adolescentes bajo la protección del Sename, quedaría a libre disposición de la ANI, sin restricción.
Gracias a la denuncia del sindicato del Sename, el país pudo conocer lo que se tramaba en contra de quienes se supone el Estado tiene la obligación de proteger. Y surge entonces la pregunta, ¿por qué la información del Sename tendría que ser relevante para la ANI?
Aún está en la retina de todos, que desde octubre pasado, se ha tratado de insinuar por parte de las autoridades de Gobierno y la policía que existe una relación entre la primera línea y niños y adolescentes del Sename. La ecuación que han realizado no sólo es deleznable, sino que transgrede los derechos de la infancia y adolescencia que debiéramos atender con total dedicación para así cumplir con los compromisos internacionales que Chile ha suscrito.
Por eso, además de las denuncias y reacciones por este nuevo maltrato del Estado en contra de las personas a cargo del Sename -si, son personas- es importante y oportuno recordar aquellos compromisos que tenemos que exigir que se cumplan, porque no estaremos dispuestos a tolerar esta criminalización insensata. Además, y por lo grave del “acuerdo”, no cabe sino, que Jordán y Tonda abandonen sus cargos.
En mayo de 2002 en Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 190 gobiernos -entre los que tenemos la certeza que Chile se encontraba representando- convencidos de que todavía quedaba mucho por hacer a favor de la infancia del mundo, se asumió un nuevo pacto internacional: Un mundo apropiado para los niños.
Los y las dirigentes mundiales aprobaron de manera unánime una serie de metas con plazos fijos, para promover, por ejemplo, el mejor comienzo en la vida y una buena salud para los niños y las niñas; ofrecer una educación de calidad; proteger a las niñas contra los malos tratos, la explotación y la violencia.
Días previos a esa sesión, un total de 241 niñas y 163 niños acudieron al Foro de la Infancia de Naciones Unidas. Dos terceras partes eran miembros de las delegaciones oficiales de 148 países, seleccionados por sus propios gobiernos, reporta el informe de la Unicef. “Los otros 141 niños que participaron en el Foro de la Infancia fueron elegidos por las ONG para que formaran parte de las delegaciones no gubernamentales de 91 organizaciones. Debido a que los participantes infantiles provenían de 152 países, representaban prácticamente a todo el mundo”. En grupos regionales y por temas, prepararon un mensaje destinado a los y las dirigentes mundiales que en Sesión Especial tendrían como tarea principal llegar a un acuerdo en favor de la infancia.
En ambos encuentros, sin duda que se revisó acuciosamente el tratado internacional de Naciones Unidas vigente: la Convención sobre los Derechos del Niño firmado en 1989 y que entró en vigor desde el 2 de septiembre de 1990. Esta Convención sintetiza esos derechos y contiene los principios rectores que conforman el concepto fundamental sobre la infancia. Aquí se enfatiza que “los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial”
Este documento en el Art. 16, señala que “ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación” y que “el niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques”.
Más adelante en el Artículo 24, señala que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios”.
Ni lo uno, ni lo otro se está teniendo en cuenta hoy en Chile. Estamos incurriendo gravemente en contra de responsabilidades fundamentales que hemos refrendado como país y, lo que es peor, estamos profundizando un problema grave, que hasta ahora, ningún gobierno ha podido resolver. Por falta de voluntad política y sobretodo, por no asumir que niñas, niños y adolescentes, son personas sujetos de derecho.
No solo le fallamos a la infancia chilena, sino también a esas cientos de personas menores de 18 años, que concurrieron esperanzados/as al Primer Foro de la Infancia del 2002: “Ésta no es solamente una Sesión Especial en favor de la Infancia. Es una reunión sobre el futuro de la humanidad”, señaló en esa oportunidad Kofi A. Annan, Secretario General de las Naciones Unidas. ¿Y entonces?
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
Por Margarita Pastene Valladares
