SANTIAGO – La fiscala judicial de la Corte Suprema, Lya Cabello, recibió al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, para analizar la situación de las personas privadas de libertad en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.
Luego de conocer el informe elaborado por la Fiscalía Judicial, señala que las condiciones de hacinamiento y problemas de infraestructura de los penales podrían dificultar en extremo el control de un brote en los recintos carcelarios, el director del INDH se reunió con la fiscalía –el miércoles 15 de abril- para analizar en profundidad las medidas que se deben adoptar para evitar problemas graves en las cárceles.
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La fiscala judicial Cabello destacó la labor realizada por Gendarmería en este período, señalando que si no hubiese sido por lo que esta institución ha hecho en esta crisis sanitaria, ya habría estallado una bomba de tiempo en los recintos penitenciarios. «Esta crisis no la podemos seguir conteniendo así. El hacinamiento es un tema de política pública de Estado y se tiene que atacar a través de los indultos, de las medidas cautelares de prisión preventiva, y a través de las libertades condicionales. Pero también hay que verlo a futuro, que la sanción penal y las medidas cautelares no es poner a todo el mundo dentro de una cárcel», indicó.
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«No es la única forma de sanción penal poner a las personas dentro de la cárcel. La sanción penal tiene que reinsertar a las personas dentro de la sociedad, no solo meterlas a la cárcel», dijo Lya Cabello. Asimismo, pidió que con urgencia se fijen lugares de aislamiento fuera de las cárceles para quienes estén contagiados con COVID-19. «Si se da un foco de infección dentro de las unidades penales, sería una situación incontrolable», advirtió.
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Tanto la fiscala judicial como el director del INDH coincidieron en que se focalizarán en el trabajo de conseguir coordinación entre los penales y los servicios de salud respectivos para hacer frente a los contagios del virus, «que haya facilidad para sacar y aislar a las personas contagiadas fuera de los recintos» y que además se fiscalizará con mayor rigor la situación en cárceles concesionadas.
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En la actualidad existen 42.000 internos en cárceles, de los que aproximadamente un 30 por ciento se encuentran en prisión preventiva.
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