En audiencia pública ante el Tribunal Constitucional, el director del INDH, Sergio Micco, defendió la constitucionalidad del indulto que permitiría a 1.299 personas cumplir sus condenas en arresto domiciliario. Destacó que medida debe excluir a los condenados por delitos de lesa humanidad o por delitos como la sustracción de menores, violación, abuso sexual infantil o la asociación ilícita.
SANTIAGO – El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio, Micco, pidió al Tribunal Constitucional (TC) que declare la constitucionalidad de los artículos impugnados de la Ley de Indulto Conmutativo aprobada por el Congreso Nacional, en el menor plazo, bajo la premisa de que no existe vulneración al principio de igualdad ante la ley, y que la liberación de plazas dentro de los penales no es obra de meses ni de semanas, sino que de días, en medio de la propagación del Coronavirus.
“Cuánto más debemos esperar para que esta ley entre en vigencia. Su demora es literalmente fatal”, advirtió enfático Micco, refiriéndose a la iniciativa despachada por el parlamento que establece que 1.299 personas mayores de 65 años que hayan cumplido 2/3 de sus penas, embarazadas, o mujeres que tengan hijos menores de dos años, podrán cumplir sus condenas en régimen de arresto domiciliario.
El director del INDH destacó durante la sesión extraordinaria del TC que dicho beneficio excluye a personas condenadas por delitos de lesa humanidad o por delitos comunes pero de particular gravedad, como la sustracción de menores, violación, abuso sexual infantil o la asociación ilícita, entre otros.
“Es un deber del Estado la sanción y ejecución de la pena impuesta a quienes han sido condenados por delito de lesa humanidad, y otros delitos graves. La opción del Congreso Nacional de aprobar esta legislación, excluyendo dichas categorías de conductas delictivas, no se funda en criterios arbitrarios ni atentatorios contra el principio de igualdad ante la ley, sino que se basa en consideraciones racionales en atención de la gravedad que para la sociedad representa la comisión de tales ilícitos”, sostuvo Micco.
El director del INDH agregó que desde el intento de fuga ocurrido el 19 marzo en el penal de Santiago 1, el Instituto ha realizado diversas visitas a distintos centros de reclusión en todo Chile, en el contexto de la pandemia del COVID-19. “Ellas nos han permitido constatar las precarias condiciones de higiene en que conviven internos y gendarmes: en un comienzo, ninguno de estos contaba con elementos de protección personal para la crisis. A raíz de esto, llegamos a la conclusión de que los recintos penales son los lugares en que más afectará la crisis sanitaria. Crisis que con el pasar de los días podría devenir en una crisis de seguridad. Este indulto conmutativo, aunque no resuelve los problemas estructurales que tiene el sistema penitenciario, si ayuda a descomprimir en parte la grave crisis que hoy estamos enfrentando”, manifestó.
A continuación Micco entregó un detalle del acelerado avance del Coronavirus entre gendarmes e internos, dando cuenta de que es urgente descomprimir las cárceles, pues esta es una verdadera bomba de tiempo. “El 19 de marzo existían 2 funcionarios de Gendarmería contagiados con el Coronavirus, y ningún interno. Cuando se presentó este proyecto de ley, el 25 de marzo, eran 7 los funcionarios contagiados y ningún interno afectado aún. Cuando se produjo el rechazo inicial del Congreso a la iniciativa del Ejecutivo, eran 13 los funcionarios contagiados y 2 los privados de libertad con presencia del virus. Y ayer, un día antes de esta audiencia, son 59 los casos confirmados de funcionarios de Gendarmería contagiados, y 24 internos afectados”.
Tras ejemplificar la propagación del COVID-19 en cárceles, Micco detalló que “actualmente se encuentran conectados 2 gendarmes a ventiladores mecánicos. Es decir, en menos de 4 semanas, hemos pasado de 2 funcionarios de gendarmería contagiados, a 59, y de ningún interno contagiado a 24, perteneciendo 20 de ellos a un mismo recinto carcelario como es el penal de Puente Alto. Además, 8 de ellos se encuentran hospitalizados”.
“Hoy hay un sentido de urgencia que ni la Constitución es capaz de prever. Si nos tomáramos todos los tiempos que la Constitución fija recién saldría el fallo el 27 de abril. ¿Cuántos contagiados y muertos más se producirán en este lapso? ¿Cuánto más debemos esperar para que esta ley entre en vigencia? Su demora es literalmente fatal”, advirtió el director del INDH.
