El decreto de cuarentena total en la zona este de la capital de Chile, donde viven los sectores más ricos de Santiago, desnudó la precariedad e indefensión del trabajo doméstico en el país. Informalidad, bajos sueldos y un servicio sujeto a la voluntad de los «patrones». Así es la realidad de cientos de mujeres trabajadoras del hogar.
Por *Carolina Trejo
Cuando el Gobierno chileno decretó una cuarentena total en siete barrios de Santiago, correspondientes a las zonas más ricas de la capital —donde se concentraba la mayor cantidad de casos de coronavirus en aquel entonces—, muchas trabajadoras de casa particular vieron afectado en forma dramática su fuente laboral.
«Fue una situación bastante crítica sobre todo para las compañeras puertas afuera, para aquellas que trabajan por días y que no tenían contrato. Esto para ellas ha sido de verdad una catástrofe», señala María Cotal, presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap).
En el caso de las trabajadoras puertas adentro, agrega «ellas se tuvieron que quedar haciendo cuarentena, muchas por su propia voluntad y otras obligadas de manera solapada, porque el empleador le dijo ‘mira, tienes dos opciones, te quedas con nosotros pasando la cuarentena o te vas definitivamente'».
Y la crisis sanitaria ha agudizado los efectos de uno de los trabajos más precarizados en Chile. Despidos injustificados, baja de salarios y abusos de horario, son algunas de las consecuencias que ha traído aparejado el COVID-19 .
La regulación laboral de las trabajadoras de casa particular en la nación sudamericana es bastante deficitaria, aún cuando en el año 2016 el país se ratificó el Convenio 189, que suponía la mejora sustancial de las condiciones laborales de estas trabajadoras, junto con garantizar la igualdad de trato con el resto de los trabajadores, respecto a la jornada de trabajo, descansos y horas extraordinarias.
Según cifras entregadas por Fundación Sol —centro de investigación y referencia para cuestiones de trabajo, sindicalismo y educación—, casi el 98 % de quienes realizan labores domésticas son mujeres; la mitad de ellas recibe un ingreso menor a los U$284 dólares mensuales, y el 54,8 % se encuentra en situación de informalidad, es decir, no posee un contrato escrito de trabajo. Por tanto, estas mujeres no tienen acceso a los escasos derechos laborales contemplados el ordenamiento jurídico chileno.
Sindicato de Trabajadoras de casa particular, denuncia que en plena crisis sanitaria, empleadores presionan a quienes trabajan puertas afuera, para que realicen el trabajo doméstico puertas adentro. En Chile, el 54,8% de las trabajadoras/es del sector, no tiene contrato escrito. pic.twitter.com/0ou334ejCK
— Fundación SOL (@lafundacionsol) March 25, 2020
La dirigente no esconde su desazón cuando señala que la autoridad les dice que «somos un pilar fundamental en el desarrollo de las familias chilenas y un gran aporte a la economía del país», pero eso no se traduce en una legislación que realmente las proteja.
En Chile, según Cotal, se prioriza la economía por sobre las vidas, por sobre las personas, «y eso lo vemos en cada despido abusivo y en cada sueldo sin pagar».
¿Cómo trabajar en Estado de Emergencia?
El despido por abandono del trabajo en la legislación chilena permite que empleador no pague indemnización, pero a Tamara le preocupa más que esta causal le puede dificultar el encontrar otro empleo.
«Porque si yo voy a otro trabajo, tengo que llevar mi finiquito, y yo no abandoné mi trabajo, porque abandono de trabajo es cuando una persona abandona sus faenas sin dar ninguna explicación y yo a ella le avisé, incluso puse una constancia en la Inspección del trabajo (institución que fiscaliza el cumplimiento de la normativa laboral)».
En el caso de Julia, que solo da su nombre de pila y quien trabaja como asesora del hogar puertas adentro hace cinco años con una familia en Vitacura (otro barrio acomodado), cuenta en entrevista, que en este momento en que todos están en cuarentena, la dueña de casa de dijo que iba a descontarle parte de su sueldo «porque ahora yo estoy cocinando y cuido a los niños».
Julia posee con contrato donde se detalla sus funciones, solo que nunca imaginó que esto se pudiera usar en su contra, menos en época de crisis. «No lo podía creer, ¿qué le podía decir? Es la patrona. Y la alternativa cuál es, reclamar y que me despidan. No se puede, yo no puedo».
María Cotal sin pudor señala: «Con esta crisis hemos visto la peor cara de la elite chilena». Para ella los empleadores solamente velan por su bienestar, por los que les favorece, no hay solidaridad, no hay empatía. «A ellos no les conviene tener una trabajadora que no esté prestando servicios de manera presencial, y solventar un sueldo».
Desamparadas ante la ley
De acuerdo a Fesintracap, en Chile hay cerca de 300 mil mujeres trabajando como niñeras o trabajadoras domésticas; 180.000 de ellas lo hacen informalmente —sin contrato—, según datos del ministerio del Trabajo.
Informalidad que no solo las afecta al momento de ser despedidas, porque solo hay una desvinculación de palabra, sino que no hay ninguna seguridad laboral ni beneficio estatal.
El pasado 19 de marzo, el gobierno de Sebastián Piñera, dentro de las medidas económicas para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, presentó un proyecto de ley que da acceso al Fondo de Cesantía para quienes no puedan realizar labores por medio de teletrabajo.
El proyecto, que aún se encuentra en tramitación, permite que se mantenga el vínculo contractual y todos los derechos laborales, pero el trabajador pasará a recibir ingresos desde el seguro de cesantía, de acuerdo a las reglas de uso vigentes. Sin embargo, por a las irregularidades que afectan al gremio del trabajo doméstico, esta ley no beneficiaría a muchas trabajadoras del hogar.
Para las trabajadoras domésticas este proyecto no contempla la realidad de su rubro porque para poder sacar dinero del fondo se tiene que firmar un finiquito, y la gran mayoría de estas mujeres no tienen contrato para hacerlo.
María Cotal además señala que «nosotras no tenemos seguro de cesantía. Tenemos un porcentaje (4,11 %) por concepto de años de servicio. Aquí volvemos a otro gran problema, la mayoría de las trabajadoras no cotizan por el total de su sueldo por las necesidades que tienen, siempre se prioriza. Entonces, lo que tienen por ese concepto es una miseria», agregó María Cotal.
Somos seres humanos
Para la dirigente resulta incomprensible que «hasta hace un mes éramos consideradas casi como parte de las familias y de un momento a otro los empleadores corren a deshacerse de la trabajadora que le causará un gasto».
«Yo tengo 55 años, llevaba 15 años con una familia que siempre me decía ‘qué haríamos sin ti’. La señora me decía ‘Sofía yo no podría trabajar si tú no estuvieras’, y de hace una semana me dice ‘no te podemos mantener y no tenemos para pagarte más el sueldo’. Me pagaron todo, pero sabe, lo que más siento son los niños, que los crié de chiquititos», comenta con tristeza Sofía Pérez.
Frente a testimonios como el de Sofía y otros, muchos y más dramáticos, que le ha tocado escuchar en este tiempo de cuarentena, Cotal reflexiona: «Siempre pagamos los más humildes cuando se trata de la seguridad, del bienestar de los intereses de la clase más acomodada».
La dirigente reconoce que hay pequeñas excepciones entre los empleadores que se preocupan de ellas, pero son demasiados los que en esta época de crisis no lo ha hecho.
«Ojalá hubiese más empleadores que miraran a su trabajadora como lo que son, seres humanos, mujeres comprometidas, mujeres dignas, leales con ellos y que el trabajo que desempeñamos dentro del hogar de ellos es un trabajo muy importante, porque tenemos que ser guardia de seguridad cuando ellos salen, o cuando ellos tienen compromiso dejan lo más preciado que tienen ellos, que son sus hijos, bajo nuestro cargo y responsabilidad», remata.
*Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Columnista de Sputnik. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.