La crisis sanitaria de COVID-19 que afecta a Chile se ha transformado en un salvavidas para el gobierno de Sebastián Piñera. Desde hace 5 meses el país vive una revuelta social que ha puesto en jaque el modelo económico y social chileno, y que desde el inicio del estallido ha colocado entre sus demandas la renuncia del primer mandatario.
Por *Carolina Trejo
Tras cinco meses de protestas y con la discusión en torno al proceso del cambio constitucional, la llegada del coronavirus y su evolución a la Fase 4 en el país sudamericano ha logrado que la agenda política del Gobierno, y también la pauta noticiosa, se vuelque principalmente a tratar contener y prevenir esta pandemia.
Así, se descomprimió la presión ejercida contra el gobierno de Sebastián Piñera por la sociedad civil.
«El coronavirus le ha permitido al gobierno tener un respiro para trazar una nueva estrategia, que le ayude a reposicionarse, ‘despejar las calles’, instalar un ‘orden total’ en el espacio público, ello mediante la entrega de facultades, instrumentos y desarrollo de nuevas tácticas represivas a carabineros (policía chilena), además —dado el carácter del gobierno— de mostrar algunos cambios sociales y políticos que le permita aparecer como un ‘buen gestor’ del conflicto y las demandas ciudadanas», señala Ignacio Ponce, historiador y académico de la Universidad de Valparaíso, especialista en Historia Reciente de la posdictadura en Chile.
Esta nueva estrategia para Ponce es el resultado del contexto en el cual el COVID-19 llega a Chile, donde las últimas semanas han estado marcadas por el mantenimiento de las protestas que comenzaron en octubre, y la discusión en torno al proceso de cambio constitucional proyectado originalmente para fines de abril.
«Aún, cuando las movilizaciones habían tenido una baja en su intensidad y masividad durante enero y febrero, el 8M evidenció la disponibilidad de la gente a seguir ocupando el espacio público con un sentido crítico al gobierno en particular y al modelo en general. En tal situación, pareció confirmarse la lectura que había vislumbrado a marzo como un mes de reactivación de las protestas», puntualiza el historiador.
Para la presidenta del partido Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, «el plebiscito no puede estar en duda, el proceso constituyente debe continuar y por tanto a la hora que tengamos manejada esta pandemia y la curva de contagio, debemos dar lugar al plebiscito y a la elección de constituyente, entendiendo que el proceso político que nuestro país vive no se detiene, y que hoy en día debemos garantizar derechos para las personas y un cambio radical en nuestra forma de relación, y también de un modelo económico que no deje a las familias en el desamparo».
Otros factores presentes
Junto con las marchas feministas de los día 8 y 9, las protestas de los estudiantes secundarios se hicieron presentes a lo largo del país durante las primeras semanas de marzo, además de la ‘celebración’ de los cinco meses del comienzo de la revuelta social, la que se realizó en plena vigencia de la fase 4.
«A mí eso no me a detener, si yo tomo los resguardos, a pesar de presentar nuevos casos, alarmando a la gente, pero yo voy a seguir luchando. Correré ese riesgo, no me importa», declara a Sputnik «Morena» Hernández, manifestante de la Plaza de la Dignidad.
«Hay que cuidarse, ser precavido, pero esto no puede detenernos. Ha habido casi 40 muertos en este tiempo y eso no se puede olvidar, y no hay que dejar la calle, quizás bajar la intensidad, hoy se cumplen 5 meses y en estos cinco meses se ha muerto mucha gente por manos de represión del estado, entonces no podemos olvidar eso», relata la joven manifestante Rocío ‘Resiste’, como a conocen en dialogo con Sputnik.
Para Ponce se debe agregar a este escenario de protesta permanente, y a un marzo más movilizado, el intento de la derecha más neoliberal de pasar a la ofensiva política en defensa del modelo.
«Para ello, pretendieron ocupar las calles durante las últimas semanas, especialmente en los barrios de la élite empresarial del país. Con un discurso antirreformista y defensor del neoliberalismo, mezclado con un odio contra los sectores populares, la clase trabajadora y la gran mayoría de personas que se han movilizado en los últimos meses», explica Ponce.
Esta defensa al modelo ha puesto en contradicción al gobierno que no tiene una posición común frente a la solución constitucional. Esto porque en «su seno existen sectores que rechazan esa solución», indica Ponce, mientras otros buscan resolver el conflicto y «volver a la ‘normalidad’ abriéndose a «ciertos cambios de la institucionalidad» política y socioeconómica del país.
Esta expresión de la extrema derecha, que ha visibilizado mejor la posición del «rechazo», junto con las dudas por parte de este sector que hoy comanda el Gobierno, hacían vislumbrar, según los especialistas, que en el plebiscito —postergado para octubre—, iba a ganar en forma mayoritaria la opción del «Apruebo» y de una «Convención Constitucional».Un resultado que exponía a la administración de Piñera a una enorme derrota política. Un argumento más para que la pandemia del coronavirus se haya convertido en un paradójico salvavidas, que le ha dado un respiro al gobierno, pero que también puede profundizar aún más sus debilidades.
Aislamiento social contra la revuelta
Quizás la herramienta más eficaz para atacar la «epidemia de la protesta social en Chile» es el llamado aislamiento social, solicitado por la autoridad para contener el coronavirus, pero que se ha aprovechado para contener el descontento social.
«No deja de llamar la atención que, en el marco de las medidas para mitigar la propagación del virus, la ocupación de las fuerzas militares y de orden público haya tenido como primer acto simbólico la ‘limpieza, refacción y reocupación’ de Plaza Dignidad, evidenciando que el gobierno está usando el contexto de la pandemia mundial para reconstruir su menoscabada autoridad a nivel local», específica Ponce.
«No pueden ser tan cara de raja (trasero) de venir a pintar y lavar apenas comienza el ‘Estado de Catástrofe’ el monumento a Baquedano, es una provocación, es pasarse por la raja toda la lucha que se ha levantado en estos meses. Tienen una cue’a (suerte), porque este virus le vino a puro salvar la vida a este gobierno de mierda», señala con molestia Gonzalo, estudiante universitario que transita por la Alameda frente a la plaza de la Dignidad.Para el historiador de la posdictadura esta limpieza es expresiva porque «la ocupación del espacio público es clave, pues las protestas cotidianas, particularmente en ese punto neurálgico de la capital del país, han impedido el total funcionamiento ‘normal’ de la ciudad, por un lado, pero también los rayados, la ocupación callejera, los símbolos y las movilizaciones mantienen vivos y de forma cotidiana los reclamos de octubre».
«Es decir, recuperar el espacio público, través de las fuerzas de orden, le puede permitir al gobierno literalmente reprimir no sólo práctica, sino que subjetivamente las protestas, haciendo que el malestar vuelva a vivirse de forma individual entre los manifestantes, tal como ocurrió durante gran parte de la posdictadura chilena», puntualiza.
La protesta sigue
Pero 30 años de un modelo que enaltece el vivir individualmente para muchos fue una de las razones que dio pie a la revuelta. Por lo tanto, este periodo de cuarentena puede ser un tiempo de reflexión y de una nueva preparación como lo declaró un grupo de jóvenes de la primera línea por las redes.
«No queremos propagar ni fomentar el contagio de COVID-19, por lo que, como Alianza entre grupos de primera línea de Plaza Dignidad, nos tomaremos un receso de las calles, al menos por esta semana. Lamentablemente evitar los eventos masivos es de suma importancia. ¡Nos necesitamos sanos para seguir luchando! Como primera línea nuestra misión es cuidar del resto y esta no será la excepción. ¡No estamos dejando la lucha, las manifestaciones no pararán! Desde nuestros hogares seguirán sonando las cacerolas y mientras tengamos voz seguiremos gritando por un país Digno», señala el comunicado de las autollamadas Primeras líneas unidas.
«El gobierno pretende mandar a la casa a los manifestantes e individualizar los reclamos. Esto no necesariamente va a tener un acatamiento mecánico por parte de las personas que se han movilizado. Al contrario, también puede ocurrir, y es lo que se puede percibir, que la gente mantenga un duro rechazo hacia el gobierno y, en vez de leer sus decisiones como algo adecuado o como una ‘buena gestión’ de la crisis sanitaria, vea en sus acciones la protección de los intereses empresariales y una pésima gestión», reflexiona Ponce.Para el historiador esto se refuerza cuando el gobierno establece un Estado de Catástrofe, y solo tiene como expresión concreta la salida de los militares a ocupar lugares de «infraestructura crítica», medidas que nos son acompañadas de decisiones económicas como el congelamiento de precios de insumos para que las personas combatan el virus o el resguardo los trabajadores, sea en lo laboral, salarial o sanitario.
Un hombre toma Frucola en mitad de una protesta en Santiago de Chile.
Goran Tomasevic. 2019. pic.twitter.com/60EOrByZYH— Miguel A. Rodríguez (@Marodriguez1971) December 6, 2019
Para el reconocido hombre de la Frucola, Gino Rojas, quien se viste de traje y corbata para protestar y que fue inmortalizado por un fotógrafo de Reuters, no solo el COVID-19 ha permitido la continuidad del gobierno, «lo está salvando a Piñera (…) La pandemia le cayó con anillo al dedo porque ha disminuido las marchas de la juventud, porque han metido tanto temor, la presión de las familias, que ellos están por un receso, una tregua. Ojalá que esta tregua los haga más fuertes cuando esto reanude, porque así ha de ser, y caiga toda la basura política. Todos los intereses que han destruido, y han negado la salud y la educación a la mayoría», sentencia Rojas.
Una tregua que desnuda al modelo
Para la presidenta de RD, la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus «le entrega una oportunidad al Gobierno de hacer algo bien en su gestión».
Sin embargo, Pérez no cree que la movilización social vaya a disminuir o a perder fuerza. «Muy por el contrario, yo creo que la pandemia lleva a materializar muchas de las desigualdades sociales que van a impedir que muchas familias que no tienen los suficientes recursos económicos puedan salir adelante».
Esto también lo denuncian otras organizaciones autoconvocadas durante la revuelta como el Movimiento Salud en Resistencia, quienes señalan en un comunicado respecto al coronavirus que «en esta compleja situación se vuelve necesario visualizar claramente que la salud en nuestro país lejos de ser un derecho se constituye como un bien de mercado, en la cual el Estado ha invertido en compras a privados durante largos años, en lugar de fortalecer el servicio público y conformar una red comunitaria con participación real de las organizaciones sociales, la cual pudiera dar cuenta de las necesidades territoriales, con autogestión y autodeterminación de todos los espacios».
Y agrega, que este tipo de esta salud social no existe, sino que «en su lugar tenemos una [salud] donde el sistema público colapsa cada invierno, los usuarios y usuarias tardan meses y hasta años en recibir atención médica y donde los profesionales de la salud no cuentan con condiciones mínimas o recursos para poder realizar su trabajo con dignidad».
Aunque el Gobierno tendió a ver las protestas de octubre como consecuencia de la agitación de algunos actores políticos de la oposición o extranjeros, según Ponce, en realidad «ella respondió a una situación de enorme polarización social, de sobreexplotación y vulnerabilidad de amplios contingentes de la población chilena».
Para el investigador, las cifras son elocuentes: «Sólo para dar un par de datos, cerca del 70 % de las chilenas y chilenos recibe un sueldo promedio mensual menor a los 700 dólares, en un contexto donde los hogares deben gastar en promedio 1.500 dólares para cubrir sus gastos mínimos al mes. Todo ello ha llevado a que, más allá de las cifras sobre los ingresos, hoy día exista un 20 a 30 % de personas bajo la pobreza medida multidimensionalmente y como han planteado algunas investigaciones internacionales, que cerca del 60 % de la población esté en una situación de vulnerabilidad», profundiza el historiador.
En una economía donde gran parte de las personas trabajan en los servicios y el comercio, se ven fuertemente afectadas, pues sus productos no se venden o no tienen afluencia de público para obtener ingresos, unido a trabajadores que trabajan por el sueldo mínimo (U$350 dólares promedio) y ven engrosados sus ingresos a partir de comisiones por lo que venden. Todo ello ha traído que la sociedad chilena tenga enormes índices de endeudamiento para sobrevivir cotidianamente y, por lo mismo, una enorme dependencia a sus ingresos laborales.
«Oiga, si yo bicicleteo [dar vuelta las deudas y pagos] todos los meses, porque la plata no me alcanza, llega mi sueldo de fin de mes y debo pagar las tarjetas que debo, sobre todo la del supermercado, porque yo no tengo de los bancos, sí de las casas comerciales. Y ellos se hacen y se sigue haciendo ricos. Y ahora que van a cerrar los malls [centros comerciales], yo gano por comisión por ventas, me voy a quedar solo con el mínimo «, relata a Sputnik Rosa Venegas, vendedora de una multitienda.
Definitivamente la llegada del coronavirus modificó la situación política y social de Chile, dándole tiempo al gobierno de Sebastián Piñera para enfrentar las demandas sociales planteadas desde octubre, las que, según los que se movilizan, volverán con más fuerza una vez superada la crisis sanitaria.
*Licenciada en Historia y Comunicación Social y Periodismo. Columnista de Sputnik. Ha sido periodista de investigación y realizadora en televisión durante los últimos 20 años. Comenzó en 1997 en el programa de reportajes con más antigüedad de la televisión pública chilena, Informe Especial y luego se incorporó al área de reportajes de Canal 13, donde ejerció de directora, editora y guionista en diferentes proyectos documentales. Ha recibido premios del Consejo Nacional de Televisión de Chile, fue finalista del Premio Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo en 2014. Actualmente es académica de la Escuela de Periodismo de La Universidad de Chile y la Universidad de Santiago.
