• febrero 21, 2020
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Caso AK-47 | Decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago provoca más desconfianza en el poder judicial 

SANTIAGO – Hasta ahora había cinco involucrados confirmados a los que se investigaba por la compra de un fusil de…

 Caso AK-47 | Decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago provoca más desconfianza en el poder judicial 
SANTIAGO – Hasta ahora había cinco involucrados confirmados a los que se investigaba por la compra de un fusil de asalto AK-47 y un cargador de 36 balas. El 20 de febrero se produjo una nueva detención en el caso, y aunque los jueces del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dictaron que el proceso judicial debía mantenerse en secreto para resguardar los antecedentes de los investigados, los medios de comunicación han revelado datos personales de estos.
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De acuerdo con la información compartida por medios de comunicación que se atrevieron a romper el cerco de la censura, los acusados son simpatizantes de la dictadura militar de Pinochet y pertenecen al segmento ABC1, -grupo socioeconómico más privilegiado del país-.
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Esto ha provocado un debate en torno al trato preferencial que reciben las personas de renta alta y con ideología afín a la dictadura. El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, se pronuncia en contra de que los jueces tengan la potestad de decidir que los procesos judiciales se lleven a cabo en secreto.
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Así, Uribe se muestra crítico con los magistrados, quienes «entran en una área que no les corresponde, que es la política comunicacional que tiene cada medio de comunicación (…) Quedan en el filo de lo que podría ser censura previa y en un estado democrático la transparencia debe ser total».Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, defiende que los jueces gocen de la capacidad de bloquear el acceso de los medios a los procedimientos judiciales. Y lo hace apelando a la presunción de inocencia.
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Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro, defiende que los jueces gocen de la capacidad de bloquear el acceso de los medios a los procedimientos judiciales. Y lo hace apelando a la presunción de inocencia.
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«La presunción de inocencia es una garantía. (…) La persona debe ser tratada como inocente. Por eso, en todas las causas debiera estar protegida la identidad del imputado», según Piñeiro.

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El Gobierno de Piñera también ha realizado declaraciones al respecto del caso. El hecho de que no se querellara por la Ley de Seguridad del Estado resultó sorprendente.
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«En este caso en particular, la información que tenemos es que la Fiscalía ha declarado secreta la investigación y, por lo tanto, que nosotros podamos querellarnos todavía no es una posibilidad cierta dada la falta de antecedentes (…) Por supuesto que si tenemos los antecedentes públicos que ameriten una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado con un hecho como este, la vamos a utilizar», aclaraba Karla Rubilar, ministra Secretaria General del Gobierno.

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Reacción ciudadana en las redes sociales
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La inacción del Gobierno en este caso ha sido duramente criticado en redes sociales, en especial contrastando que se han querellado invocando la Ley de Seguridad del Estado contra el joven dirigente político Dauno Tótoro, contra quienes llamaron a boicotear la PCU y contra quien lanzó un huevo a la gobernadora subrogante de Valparaíso, ETC.
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