Informe preliminar | Misión Canadiense de Observación sobre violación a los Derechos Humanos en Chile: “Los datos recabados acusan una represión sistemática y masiva»

SANTIAGO – “Después de 3 meses del inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan, y se producen en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social”. Con estas afirmaciones categóricas al entregar sus conclusiones preliminares define la Misión de Observadores Canadienses las graves violaciones a los derechos Humanos que ocurren en nuestro país.

La Misión que estuvo integrada por diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores y académicos, concluyó a su vez que “a pesar de que las cifras del último informe del INDH revelan que las violaciones a los derechos humanos observadas por este organismo, han bajado comparativamente a las que se produjeron durante el estado de emergencia, se advierte que estas violaciones continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del país” y agregan que “los datos y testimonios que hemos recogido indican que, si bien las declaraciones oficiales minimizan la gravedad de la situación, el estado crítico de éstas se mantiene y se agrava por el efecto acumulativo. Además, aún no se concretizan avances en materia de respeto de los derechos humanos en las prácticas de las fuerzas policiales, esto, en un contexto en que el régimen político chileno sigue bloqueado en una profunda crisis de legitimidad”.

Haciéndose parte de las cifras de muertos, heridos, lesionados y detenidos en estos cien días, la Misión hizo hincapié ante la ausencia de cifras consolidadas y verificables, responsabilizando a las autoridades gubernamentales de esta falencia. Marcos Ancelovici, director de Cátedra de la Université du Québec à Montréal señaló que “faltan datos fiables y precisos que se puedan utilizar, las fuentes son diversas, Fiscalías, defensorías, organismos de derechos humanos, pero tienen protocolos diversos, algunos se basan en lo que es observado, por lo tanto, lo que no se observa no es cuantificado. Insistimos hay fuentes fragmentadas y no hay un retrato global”. “Hay responsabilidad del gobierno en esto -señaló Ancelovici y agregó que “por lo tanto, tenemos la impresión de que la magnitud de la violación de derechos humanos es mayor. Las cifras están por debajo de la realidad y la realidad es mucho más grave”.

Además, constataron agresiones a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, lo que atenta contra el derecho a la información; agresiones a voluntarios de la salud y observadores de derechos humanos; cuestionaron procedimientos judiciales y en especial las prisiones preventivas para castigar a personas contra las cuales no hay necesariamente las pruebas requeridas. Señalaron en su informe la ausencia o negligencia en la aplicación de protocolos por parte de Carabineros. Además de dejar establecido su alarma por las violencias y vejámenes sexuales cometidos, la utilización de gases lacrimógenos “en barrios enteros afectando la salud y el bienestar de amplios sectores de la población (que hayan participado o no en manifestaciones), incluyendo a mujeres, ancianos, niños y personas minusválidas. Constatamos que esta práctica es utilizada regularmente en poblaciones periféricas y es experimentada por los residentes de los barrios como un castigo colectivo y una forma de intimidación.”

Hemos podido constatar – afirma la Misión en un comunicado público entregado en la excede del Congreso en Santiago -que las violaciones a derechos humanos ocurren cotidianamente hasta el día de hoy. Algunos ejemplos son los casos siguientes:

  1. Durante la madrugada del Año Nuevo en Valparaíso, el joven profesor de educación física Matías Orellana, perdió un ojo y sufrió una fractura craneal tras recibir una bomba lacrimógena de Carabineros;
  2. El 11 de enero, fue detenido Nicolás Ríos Verdugo (20 años) en el centro de Santiago, supuestamente, por policías de civil. Según el testimonio de su familia, el joven fue secuestrado, golpeado y amenazado con tortura y violación. Él se encuentra ahora en prisión preventiva por 60 días;
  3. El viernes 17 de enero de 2020 se reportan 4 nuevas víctimas de trauma ocular;
  4. El lunes 20 de enero de 2020, Matías Yáñez, de 16 años, fue detenido en las cercanías de una marcha, en Valparaíso, apaleado, vejado, amenazado en un vehículo de carabineros y la detención negada por muchas horas a su madre.

La Misión canadiense agrega en su comunicado que “Los datos recabados en las entrevistas, acusan que se trata de una represión sistemática y masiva. El nivel de sistematicidad es difícil de evaluar de manera precisa, pero los datos y testimonios recopilados indican la presencia de prácticas represivas recurrentes y similares de un lugar a otro, que manifiestan un patrón común. Más allá de los casos más visibilizados, la sistematicidad se revela igualmente en la multiplicación de violaciones a derechos humanos de menor connotación, que van instalando gradualmente una lógica antidemocrática. Por otra parte, se constata un fenómeno de retraumatización, al revivirse prácticas heredadas de la dictadura. Pese al elevado número de denuncias, de acciones judiciales, de investigaciones internas y procedimientos administrativos por violaciones a derecho humanos, se han formalizado muy pocos casos y ha habido muy pocos fallos”.

Ante esto, Isabel Orellana, especializada en conflictos socioecológicos, de la Université du Québec à Montréal al ser consultada indicó que “los actores de la sociedad civil señalaron que hay problemas no resueltos desde tiempos de la dictadura. Hay un problema de justicia y reparación no resuelta, y que la situación actual tiene que ver con ello y que lo que ocurre hoy se acumula a lo ocurrido y esto es particularmente grave” Agregó que la Misión abordó los temas de derechos humanos desde la perspectiva de los derechos sociales, políticos, económicos, culturales y ambientales y desde esa mirada consideramos grave la crisis ambiental y ecológica y de derechos humanos, ejemplificado en lo relacionado con el agua y los derechos de los pueblos originarios”

Frente a esta situación extremadamente crítica, la Misión canadiense, “se plantea la interrogante sobre la voluntad, el liderazgo y el actuar concreto del gobierno para frenar y poner término a las violaciones a derechos humanos”. Centrando las responsabilidades en quien tiene el deber de resguardar y proteger los derechos humanos de la población.

Misión Canadiense de Observación para reunir antecedentes sobre violaciones a Derechos Humanos en Chile

En sus resoluciones preliminares los observadores internacionales señalan que “los informes de organismos internacionales ya han denunciado de manera contundente estas violaciones y han formulado una serie de recomendaciones. ¿Qué más necesita el gobierno para implementarlas? ¿De qué manera las nuevas leyes antisaqueo, antibarricadas y anticapuchas y de protección de infraestructuras críticas van a contribuir a mejorar la situación de los DDHH en Chile? Y por otra parte, ¿Cómo se responde a las demandas sociales que ha expresado de manera contundente la ciudadanía y que han generado el estallido social?”, se pregunta la Misión en su comunicado planteando claramente sus preocupaciones por los días venideros, especialmente ante las ya anunciadas movilizaciones para el mes marzo y las informaciones de prensa que anuncia aprestos policiales para controlar la movilización social.

Por eso, agrega la Misión canadiense que “desde nuestra perspectiva, la prioridad parece ser de criminalizar la protesta social, como forma de desmovilizar la población, en vez de realmente enfrentar la brecha social y los grandes problemas estructurales que han revelado los eventos de los últimos meses”.

“Frente a este contexto- señalan los observadores- no somos optimistas. Los datos y testimonios que hemos recopilado apuntan a un disfuncionamiento de la institucionalidad chilena que alimenta una impunidad sistémica y la desconfianza de la población. De las entrevistas se puede constatar que se mencionan repetidamente los términos de “crímenes de lesa humanidad” y de “terrorismo de Estado” para calificar la situación”.

La Misión destacó las redes sociales que se han construido en las propias comunidades. Hay – indicó Isabel Orellana “un esfuerzo monumental que realizan a partir del voluntariado las organizaciones de base de la sociedad civil para responder ante la emergencia. Hay una determinación de la población de tomar en sus manos una situación de crisis social y humanitaria ante ausencia de atención y ello es muy valorable”.

Al ser consultados acerca de la sistematicidad de las violaciones de derechos humanos señalaron que son también sistémicas, dado que no solo hay una minimización de la gravedad del problema por parte de las autoridades, sino que hay determinados patrones comunes del accionar represivo y cierta complementación en el actuar del Estado. Denise Gagnon, representante sindical de la Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec (FTQ), indicó “vimos que en el actuar no solo hay un mismo modelo sino una práctica, y además una concordancia en el tiempo. Se anuncia una manifestación e inmediatamente hay una maquinaria represiva que se pone en marcha y actúa”, y agregó como representante sindical “la libertad de expresión, el derecho a reunirse, el derecho a expresar las frustraciones y la demanda social son sistemáticamente rechazadas. Esa violencia lejos de disminuir y es un actuar que se repite de manera recurrente”.

Por su parte, Pierre Mouterde, ensayista y filósofo del Colegio preuniversitario Limoilou, agregó que “al ver la actuación de carabineros tuvimos la impresión de que actúa de manera similar a una fuerza de ocupación con violaciones sistemáticas de los derechos humanos y con un pueblo que está sin capacidad de poder defenderse… eso para nosotros fue muy fuerte, escuchando los testimonios, a todas esas personas durante tantos días y fue para nosotros muy conmovedor”

Los Observadores señalaron que realizaron 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, entre el 18 y el 26 de enero del presente, con 99 personas de 51 organizaciones, y confesaron haber quedado impactados por la represión en barrios populares de Antofagasta. Consideran “fundamental aportar nuestra solidaridad al pueblo de Chile y denunciar el silencio desconcertante e inaceptable de nuestro propio gobierno: el gobierno de Canadá. A diferencia del gobierno de Quebec, quien ha manifestado su solidaridad con el pueblo de Chile y ha tomado una posición clara a favor de la defensa de los DDHH, el gobierno federal de Justin Trudeau revela hasta ahora una excesiva discreción”. Nos preguntamos señalan en su comunicado “si esta timidez de parte del gobierno canadiense tiene que ver con las importantes inversiones financieras de Canadá en Chile, especialmente en el sector minero. Contamos con los diputados de nuestra Misión para plantear estas preguntas en los parlamentos de Quebec y de Canadá”.

La Misión canadiense que se reunió con organismos defensores de Derechos Humanos como CODEPU, Londres 38, Observatorio Ciudadano, y decenas de otras organizaciones estudiantiles, sindicales, de mujeres, colegios profesionales, víctimas de la represión, parlamentarios y autoridades, incluida la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.

La Misión Canadiense estuvo integrada por:

• Sol Zanetti, diputado del Partido Quebec solidario en la Asamblea Nacional de Quebec
• Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado del Partido Bloc Quebequense en el Parlamento de Canadá;
• Denise Gagnon, representante sindical de la Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec (FTQ) y presidente de la Fundación Salvador Allende de Quebec;
• Luc Allaire, responsable de relaciones internacionales de la Central de sindicatos de Quebec – (CSQ );
• Ricardo Peñafiel, representante sindical del Consejo Central de Montreal Metropolitano de la Central Sindical Nacional (CSN) y de la Federación Nacional de Docentes de Quebec ;
• Marie-Christine Doran, investigadora de la Escuela de Estudios Políticos, directora del centro de investigación en criminalización de la protesta social, de la Université d’Ottawa;
• Isabel Orellana, miembro del directorio del Centro de Investigación en Educación y Formación en Medio Ambiente y Ecociudadanía, especializada en conflictos socioecológicos, de la
Université du Québec à Montréal ;
• Marcos Ancelovici, investigador del departamento de ciencia política, director de la Cátedra de Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, de la Université du Québec à Montréal ;
• Pierre Mouterde, ensayista y filósofo del Colegio preuniversitario Limoilou.