El proceso constituyente impuesto por el pacto de los partidos con el gobierno de Piñera pretende desviar las demandas de la calle, y permite el avance de la derecha más autoritaria en la defensa de la herencia de la dictadura.
Por Galia Aguilera y Néstor Vera
El 12 de noviembre fue uno de los momentos más álgidos de la revuelta popular en Chile, una Huelga General que atemorizó a los principales partidos del parlamento, desde la UDI al Frente Amplio firmaron un “acuerdo por la paz y proceso constituyente” con el gobierno de Piñera y la represión desplegada contra cientos de miles de manifestantes. Su objetivo fue desviar, apartar la fuerza desplegada en las calles de las principales demandas motoras a una convención que excluye a los jóvenes, principales impulsores del proceso, mantienen la legislación electoral que privilegia a los actuales partidos políticos y permite que la minoría bloquee la iniciativas de la mayoría al contemplar la aprobación con los 2/3.
La importante paralización de los sectores de servicio, como la educación, salud y empleados públicos, junto a portuarios, sectores de la industria, el comercio y la minería, no sólo planteó la posibilidad de la caída de un gobierno responsable de la represión, sino la posibilidad de imponer una asamblea constituyente libre y soberana, sin embargo el temor no sólo recorrió las salas del parlamento, sino que acobardó a las dirigencias del mundo sindical, quienes sacaron de su programa el #FueraPiñera, luego a hacer llamados testimoniales e insistir en la vieja, claudicante e impotente fórmula de mesas de diálogo con el gobierno, para finalmente concluir que no sirvió de nada.
Los políticos intentan llevar las discusiones a las cuatro paredes del parlamento y encaminar el proceso de despertar del pueblo Chileno a la convención, la oposición después de haber salvado a Piñera con el acuerdo de “paz”, posa a través de acusaciones constitucionales contra los ministros e intendentes de Piñera, propone uno que otro maquillaje a la convención como es la paridad, la cuota indígena o las listas independientes. En tanto, la audacia de la derecha tensiona para recuperar posiciones a favor de la constitución pinochetista.
Tras las discusiones en el Congreso, la UDI, el partido de derecha más conservadora de Chile Vamos, decidió congelar su participación del conglomerado, presionando a los partidos de gobierno. El viernes 10 de enero la UDI realizó su Consejo Político, donde decidieron descongelar su participación e imponen al resto del conglomerado hacer campaña por mantener la constitución del 80s en el plebiscito de abril.
Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la UDI, planteó “nuestra constitución ha sido la base fundamental para cimentar una democracia sólida y un desarrollo económico sin precedente en la historia de Chile“, en pocas palabras, Rysselberghe se ha transformado en la principal defensora de la herencia de la dictadura como son las AFPs que tienen a más de un millón de jubilados bajo la línea de pobreza, y cientos de miles que han fallecido en los hospitales públicos a causa de la profunda crisis de la salud pública y su privatización, es decir, la UDI defiende la constitución dictatorial que permite que un puñado de empresarios de hagan millonarios a costa de privatizar y priorizar nuestros derechos básicos.
Mientras la UDI y un importante sector de RN están llamando a votar activamente por el No para este plebiscito, la oposición parlamentaria de la ex Concertación, el Frente Amplio y el Partido Comunista inician sus llamados para votar el Sí a una nueva constitución. Pero lo cierto es que ambas alternativas se enmarcan dentro de los márgenes del proceso constituyente ofrecido por los defensores del régimen, el cual es una completa farsa que debido a sus mecanismo no permite dar resolución a ninguna de las demandas que millones exigimos en las calles de todo Chile. Con estos llamados las organizaciones como el Frente Amplio o el Partido Comunista no hacen más que avalar el desvió que configuró el gobierno y profundizan las ilusiones en este proceso.
La derecha dice estar disponible para generar cambios en la Constitución, pero de acuerdo con la institucionalidad vigente cuestionada por millones en las calles, por tanto, rechazan la posibilidad de una asamblea constituyente, instancia que está por fuera del pacto de los partidos con el gobierno. Es por ello, que los principales organismos sindicales, estudiantiles y sociales deben impulsar un plan ascendente de lucha que culmine en una huelga general para frenar el engaño del proceso constituyente y que imponga un plan de emergencia con las principales demandas levantadas por el pueblo en las calles, como es el fin a las AFPs, salud y educación gratuita, salario mínimo superior a los 500 mil pesos y la renacionalización de los recursos naturales bajo gestión de las y los trabajadores para financiar estas demandas estructurales. Sólo a través de la movilización y paralización de los principales sectores productivos, de servicio y comercio, podremos imponer una asamblea constituyente, realmente libre y soberana.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
