• enero 26, 2020
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Abogados que sostuvieron causas de Derechos Humanos en dictadura se reunieron con el INDH

SANTIAGO – El objetivo de la jornada fue traspasar a los abogados de la Unidad Jurídica la experiencia de litigación…

 Abogados que sostuvieron causas de Derechos Humanos en dictadura se reunieron con el INDH

SANTIAGO – El objetivo de la jornada fue traspasar a los abogados de la Unidad Jurídica la experiencia de litigación en las causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos desarrollada por los abogados Caucoto, Zegers y Fouillioux durante la dictadura.

Una jornada de trabajo realizó el 23 de enero el INDH con abogados ligados a la defensa de los derechos humanos durante la dictadura militar. Nelson Caucoto, Fernando Zegers y Luciano Fouillioux se reunieron en la sede nacional del Instituto con su director Sergio Micco; la jefa de la Región Metropolitana, Beatriz Contreras; y con miembros de la Unidad Jurídica Judicial (UJJ) que dirige el abogado Rodrigo Bustos, además de la periodista Mónica González.

En la oportunidad, los abogados de la UJJ dieron cuenta de los desafíos que depara el año 2020 para el Instituto en materia de litigación, considerando que a partir del 17 de octubre y hasta la fecha el INDH ha presentado 1.080 acciones judiciales, las que significarán una gran labor en sede penal durante los próximos meses.

Además, los profesionales destacaron el elevado número de querellas por torturas realizadas por Carabineros en el periodo desde que comenzó la crisis social, que alcanzan las 718, en comparación con las 174 querellas durante los nueve años de historia del INDH. Una situación similar ocurre con las querellas por violencia sexual, pues en estos meses se presentaron 144 querellas, mientras que en los nueve años el número alcanzó 16.

La idea de la jornada fue traspasar a los abogados de la UJJ la experiencia de litigación en las causas emblemáticas de violaciones a los derechos humanos desarrollada por los abogados Caucoto, Zegers y Fouillioux durante la dictadura.

Todos los asistentes coincidieron en la necesidad de que el Estado garantice eficazmente un avance en verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición frente a las violaciones a los derechos humanos cometidos durante el denominado estallido social.

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