En materia de Energía, el año recién pasado –y tal como recoge el documento de Fundación Terram “Balance Ambiental 2019: del optimismo a la decepción”– será recordado como el año en que se produjo un importante hito: el anuncio de un Plan de Retiro Voluntario de Centrales a Carbón, el cual se enmarca dentro del plan Energía Zero Carbón.
por Gary González
Economista Fundación Terram
Si bien se esperaba un cronograma de cierre para la totalidad de unidades termoeléctricas a carbón, este solo consideró en una primera fase apagar ocho unidades al 2024, a las que durante la COP25 se sumó dos más, dejando las otras 18 sin una fecha específica de clausura y teniendo como plazo de cierre total el 2040. Cabe mencionar que la propuesta contempla el «estado de reserva estratégica», lo que se refiere a que algunas unidades no dejarán de funcionar completamente hasta cinco años después que se apaguen, por lo que el cierre definitivo podría ser, en realidad, el 2045.
Frente a esto, el último Informe de Climate Analytics publicado en septiembre de 2019, ha sido enfático en señalar que los países OCDE -como Chile- debiesen eliminar completamente el uso del carbón al 2030 y no al 2040 como este cronograma pretende hacerlo. Además, y de forma contraria al espíritu del cronograma, durante este año entró en funcionamiento la nueva y más grande central a carbón (de 375 MW de potencia instalada) construida en nuestro país llamada Infraestructura Energética Mejillones de la empresa Engie, empresa de capitales franceses que utilizó como publicidad la eliminación de sus dos unidades más antiguas ubicadas en la comuna de Tocopilla, por lo que su compromiso con la descarbonización quedó en entredicho y generó que este cronograma en lugar de comenzar descarbonizando, lo hizo carbonizando aún más la matriz energética nacional.
Por otro lado, la Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, consiste en una mina a rajo abierto que abastece a las principales centrales termoeléctricas del país y ha intentado seguir en funcionamiento mediante la polémica aprobación ambiental del uso de tronaduras. Si bien, durante el 2019, el Tribunal Ambiental de Valdivia anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la empresa, es necesario que este proceso no dé marcha atrás si de verdad Chile quiere descarbonizar en la plenitud de lo que esto significa.
Otro instrumento mediante el cual se podría contribuir a la descarbonización y desincentivar el uso de combustibles fósiles es el denominado Impuesto Verde, aunque su bajo valor (US$ 5 por tonelada de CO2) ha implicado, hasta el momento, un impacto marginal en disminuir el uso de las energías sucias como el carbón. Por el mismo motivo, y dado que probablemente durante el primer semestre de 2020, el parlamento chileno seguirá discutiendo la denominada “modernización tributaria”, será de vital importancia que se aumente este gravamen, para que cumpla con su finalidad que es reducir emisiones y promover las tecnologías limpias.
Ahora, si de tecnologías limpias se trata, durante este año las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) continuaron ingresando significativamente al parque generador eléctrico nacional, dejando al país muy cerca de cumplir un compromiso climático de mitigación que se había impuesto para 6 años más: 20% de capacidad instalada en ERNC al 2025. Sin embargo, esto no es suficiente, ya que la generación de electricidad efectiva en base a ERNC sigue siendo inferior a ese 20%.
Otro tema de la desplegada agenda del gobierno fue la promoción de la Electromovilidad, básicamente liderada por el transporte público, pero poco y nada se ha dicho de la electricidad que se necesita para hacer funcionar automóviles eléctricos, ya que nuestro país aún posee más del 40% de generación eléctrica en base al carbón, por lo que, a falta de una mayor capacidad de energías limpias, lo de ser un transporte limpio es bastante cuestionable por decirlo menos.
Habiendo intentado sintetizar algunos de los principales hitos que han ocurrido este año en materia energética en nuestro país, solo podemos concluir que desde Fundación Terram nos preocupa la falta de una agenda realmente ambiciosa para la transición, donde además del “supuesto” cierre de centrales, cuyos plazos se reevaluarán cada 5 años, no se contempla un plan detallado de cierre y desmantelamiento. De esta forma, este proceso se deja a voluntad de las empresas según sus propios intereses, lo que refleja un Estado que renuncia a su función pública de regular la contaminación en los territorios, especialmente en las Zonas de Sacrificio, y que solo genera incertidumbre sobre el objetivo de limpiar nuestra matriz eléctrica.
LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN
