Por Alejandro Marcó del Pont | La optimización fiscal y la tributación benigna 

La elegancia del lenguaje y la ambigüedad de los vocablos forman parte central de este artículo. La promoción de debates inadmisibles, así como la distraída presencia de consultoras fiscales, los famosos asesores tributarios multinacionales, son la pieza que termina de redondearlo.

por *Alejandro Marcó del Pont
Director – El Tábano Economista

Algunos países han decidido sancionar con severidad la optimización fiscal que practican las grandes firmas tecnológicas mundiales al realizar una ingeniería mediante la cual desvían sus beneficios a países con cargas tributarias más benignas.

El párrafo anterior es la perfecta imagen de la ambigüedad de los vocablos. Se podría haber redactado de manera más franca sin ocultar el verdadero significado de los dichos: ”Algunos países han decidido fijar una tasa impositiva a las grandes firmas tecnológicas ante la continua ingeniería de evasión impositiva hacia paraísos fiscales o países de baja tributación.” Así suena decididamente diferente.

En fin, Francia se convierte en el primer país en aprobar la aplicación del impuesto a los servicios digitales de las grandes compañías tecnológicas, una tasa que la Unión Europea ha decidido todavía no implementar por los supuestos conflictos que podría generar. Lo cierto es que el senado francés aprobó la popularmente denominada “tasa Google“, un impuesto del 3% sobre los ingresos en servicios digitales para aquellas firmas con más de 25 millones de euros en Francia o 750 millones en ingresos globales.

La peregrina idea francesa, que no es peregrina, ni es absolutamente gala, desató la ira de Estados Unidos, que amenazó con imponer a Francia aranceles del 100% sobre productos como quesos, vino espumoso, perfumes, bolsos, yogur, mantequilla, artículos de belleza, maquillaje, manicura y pedicura, jabones y porcelana, si la nación europea intenta ejecutar la tasa ahora conocida con el anacronismo GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Francia ya es objeto de represalias en el marco del litigio de los subsidios a los fabricante de aviones Boeing y Airbus. EE. UU. acaba de introducir aranceles a productos europeos por valor de 7.500 millones.

Hay al menos una serie de interrogantes acerca del impuesto que llaman poderosamente la atención. Las grandes compañías tecnológicas mundiales, como Microsoft, Amazon, Google, Facebook o Apple, han encontrado en Europa un mercado donde pueden colocar cómodamente sus productos de alto valor agregado y, a través de prácticas fiscales relativamente sofisticadas, ahorrarse el pago de los impuestos. Si esto es así, el problema no es francés sino de la Unión Europea en su conjunto, y también lo es el mecanismo de ingeniería de evasión en sí mismo así como sus ejecutores.

El relato tiene algunas fallas. La UE multó tres veces a Google por posición dominante, con €1.490 millones en marzo 2019 por posición dominante en publicidad en línea; en junio con €2.420 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de los motores de búsqueda, y en julio de 2018 con €4.340 millones por prácticas ilegales relacionadas con los celulares que funcionan con el sistema Android, pero se niega a imponer una tasa impositiva a sus ganancias.

Hay una idea que entender en estos casos, y es elemental: se trata del papel que juegan los paraísos fiscales o países con baja tributación en la disputa tributaria, así como quienes son sus participantes, patrocinadores y defensores. En el 2018 ya existía la idea de cobrar un gravamen a las empresas tecnológicas del 3%, ya que las empresas del mismo rubro en Europa pagan un 9.5% mientras una gran multinacional como Google paga solo un 0.01% en Irlanda. Las compañías aprovechan la disparidad entre regímenes fiscales europeos para realizar las ganancias en donde mejor les convenga.

Más allá de los pormenores de los gravámenes, hay un conjunto de cuestiones que se enlazan entre sí para formar un relato de diseño sólido. La sola existencia de paraísos fiscales, o de países de baja tributación, establece una discusión que suele arraigarse en los medios de difusión y que coloca en el centro de la escena las bondades de reducir las cargas tributarias a las mayores fortunas /multinacionales. Esta generosidad tendría como contrapartida, cuantiosas inversiones, proliferación de empleo, crecimiento y derrame de beneficiosos a toda la sociedad en su conjunto, hecho que la historia ha desestimado de manera concluyente.

¿Tan alta y asfixiantes resulta la carga tributaria en todos los países del mundo que sus millonarios, afamados, empresarios o multinacionales emigran despavoridos? La verdad es que no, pero la polémica de contar con paraísos fiscales como puerta de salida ante la supuesta presión fiscal funciona de maravilla. Lo que no queda muy claro es si es evasión impositiva simplemente o se quiere esconder el turbio origen de fondos que generaron alguna ganancia y que es mejor desaparecerlo en lugares remotos.

Bruselas anunció el 4 de octubre pasado que iba a obligar a Luxemburgo a recuperar 250 millones de euros en impuestos que Amazon no pagó por haberse beneficiado de un sistema fiscal contrario al libre mercado. Ese mismo día, la Comisión Europea declaró que iba a denunciar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no recuperar los 13.000 millones de euros que Apple dejó de pagar en impuestos por las ventajas fiscales ilegales de las que se benefició en este país.

Y aquí comienza a desenredarse una parte de ovillo. Jean-Claude Junker fue Primer Ministro de Luxemburgo, y ostenta el título de ser el creador de Luxemburgo como paraísos fiscal, en realidad un país de baja tributación. En esa reducida porción de terreno conviven 137 bancos de 28 países. Sus fondos de inversión suman 4,2 billones de euros bajo gestión. Más de 300 empresas multinacionales firmaron acuerdos fiscales secretos con el Gobierno de Luxemburgo, al frente del cual estaba Juncker. Entre las firmas que evadieron impuestos de esta manera se cuentan Apple, Amazon, Ikea, Burberry, Procter & Gamble, Heinz, Pepsi, JP Morgan o Deutsche Bank, hasta sumar un total de 340 empresas.

Pero, ¿qué tiene que ver Jean-Claude Junker con los paraísos fiscales, la baja tributación y la negación europea de imponer una tasa a estas empresas? Pues fue presidente de la Comisión Europea desde el 1 de noviembre de 2014 hasta el 30 de noviembre de 2019, con clara injerencia en los paraísos fiscales, la iniciativas de tributación, las investigaciones sobre ventajas fiscales, entre otros asuntos. No es bueno que el promotor de un paraíso fiscal defienda a Europa de la evasión en estas cuevas.

Esta es una parte de la negación de gravar la actividad de las compañías tecnológicas ante la persistencia del bloqueo de cuatro países (Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia). Ni la última oferta de gravar solo la publicidad online ha levantado su veto.

La idea del 2018 no prosperó, como ya señalamos, tampoco lo hizo la propuesta del G7 que simuló una idea alternativa en agosto de este año en Biarritz (Francia), misma que quedó empañada por las disputas económicas sino-americanas. El G20 y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) impulsaron una de las reformas fiscales más ambiciosas y difíciles que se haya intentado, porque tendría que poner de acuerdo a Donald Trump y Xi Jinping, a Emmanuel Macron, a Boris Johnson,  a Angela Merkel y a Narendra Modi. Esta propuesta contaba con algunos detalles interesantes, como dividirla en tres frentes: 1) país de origen (donde tienen sus oficinas centrales); 2) países en donde establecen sus activos intangibles (patentes y propiedad intelectual) y 3) donde están sus clientes o facturan.

Tampoco esta idea llegó a buen puerto, lo que muestra que la industria de la elusión fiscal consiste en una red de organizaciones e individuos que ayudan a evitar el pago de impuestos de las empresas multinacionales. Sin una planificación fiscal y una compleja arquitectura financiera resulta imposible que la pérdida de impuestos alcance los U$S 200.000 millones por año y que 12 billones de Inversión Extranjera Directa a nivel mundial —40% del total— es ficticia y pasa por empresas fantasma domiciliadas, casi siempre, en un paraíso fiscal.

Desde la investigación llamada Luxembourg Leaks, que revelaba los acuerdos de Luxemburgo en 2014, se confirmó lo que ya el mundo sospechaba: las cuatro empresas contables son las grandes fábricas de la evasión mundial y juegan un papel clave en el proceso. Ellas son: Ernst & Young (E&Y), Deloitte, Price WaterCorp (PWC) y KPMG; sin ellos ninguna de las cifras antes expuestas se habría alcanzado.

Nicholas Shaxson, en su libro “Las islas del tesoro” describe cómo funcionan estos grandes estudios contables. Cuentan 800 mil empleados en 186 jurisdicciones alrededor del mundo, tienen oficinas en 43 de los 53 territorios considerados paraísos fiscales o regímenes secretos, y generan, como muestra el cuadro, U$S 127.500 millones y el 85% del mercado mundial.

¿Cómo lo hacen? Bueno, el procedimiento se conoce como la ruta de la banana. Ruta uno: trabajador hondureño recoge la banana, la empaca para una multinacional estadounidense que se la vende a una gran cadena de supermercados en Gran Bretaña, que se la vende a los consumidores.

Ruta dos: la ruta contable, que es un poco más indirecta. ¿Dónde se genera, desde el punto de vista impositivo, la ganancia? ¿En Honduras, en el supermercado británico, en la sede de la multinacional en EE. UU.? Aquí entra en juego la sabiduría, el lobby y los acuerdos de los asesores tributarios multinacionales.

Las firmas podrían aconsejarle a la empresa bananera que maneje sus ventas desde las Islas Caimán, sus ingresos desde Luxemburgo, que su sede se localice en Irlanda, su competencia de gestión en Jersey y su filial de seguros en Bermudas. La filial de Luxemburgo le podría realizar un préstamo a la filial hondureña con un interés considerable, de manera que pueda deducir la suma de los beneficios en Honduras. Y  ¡voilá! Se entiende porqué nadie los persigue ni les quiere cobrar.

América Latina es campeón mundial en ocultamiento de riqueza. Se lleva el primer lugar con un 27% de la riqueza privada registrada en guaridas fiscales. Esta pérdida de divisas y capitales se expresa, entre muchas otras formas, en los flujos financieros ilícitos que salen de la región. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima, entre 2004 y 2013, un valor acumulado de 765 mil millones de dólares (1,8% del PIB regional) como resultado de estas prácticas.

Por último 12 países de la UE rechazaron una propuesta de la Comisión Europea que exige que las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros en la UE estén obligadas a presentar a los países miembros un informe con los beneficios que obtienen y los tributos que pagan en su país. Los países que se opusieron fueron Luxemburgo, Irlanda, Austria, Suecia, Letonia, Estonia, Chipre, República Checa, Hungría, Eslovenia, Croacia y Malta.


LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE LA RAZÓN

*Lic. en Economía y Magíster en Relaciones Internacionales (Universidad Nacional de La Plata). Analista de economía. Columnista y comentarista en varios periódicos, radios y televisiones internacionales. Director del medio de comunicación digital El Tábano Economista.