Nuevo acuerdo por el Tag: ¿A quién beneficiará?

SANTIAGO – El experto en transporte, Felipe Ulloa, aseguró que el perdonazo del 80% de las multas registradas hasta el 30 de noviembre es una señal potente de justicia social. Mientras, el diputado Eduardo Durán valoró el esfuerzo del gobierno por lograr consensos.

Luego que el Ministerio de Obras Públicas (MOP), NO+TAG y la Asociación de Concesionarios (COPSA) lograran llegar a un punto de encuentro, algunas voces rápidamente han salido a cuestionar lo convenido, debido a que la condonación del 80% de las deudas asociadas al TAG podrían, entre otros efectos, incentivar mayores tasas de morosidad.

Sin embargo, otros expertos enfatizan que con esto se imprime justicia social y de paso, las personas tienen la oportunidad de salir de sus retrasos dado que “no pudieron pagar el alto costo, y por lo tanto es bueno que el Estado visualice aquello”.

“Es un buen acuerdo debido a que implica costo cero al Estado”, comentó Felipe Ulloa, especialista en transportes e infraestructura y aclaró que esto beneficiará a todos los usuarios de la infraestructura carretera, haciéndola más inclusiva y accesible justo cuando en el país aboga por justicia social.

“Es un importante avance que beneficia justamente a los sectores medios que hacen uso de la infraestructura y que por alguna razón no alcanzan a cubrir del todo los costos debido a los precios excesivamente altos que excluyen a los usuarios. Lo importante es que hoy la infraestructura sea inclusiva, vale decir, con precios accesibles para que todos puedan utilizarlas”, planteó Ulloa, ex consultor de la Cepal en infraestructura.

Replicar medida al transporte público

Por su parte, el diputado de Renovación Nacional (RN), Eduardo Durán remarcó que “el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo, poniéndose en el lugar de la gran mayoría de los chilenos que tantas veces no son capaces de costear el alto costo de desplazarse en carreteras concesionadas”.

Finalmente, Ulloa apuntó a que la misma situación debe replicarse en el sistema de movilidad estatal.  “Este tipo de medidas deben aplicarse al transporte público, con criterios sociales, que permitan a todos los usuarios ser incluidos en su uso. No puede ser que los precios vayan al alza y excluyan sistemáticamente”.

En la misma línea, Durán apuntó a “discutir rápidamente precios a la baja en los costos de peajes en carreteras, donde las concesionarias podrían hacerse parte. Una rebaja especial a adultos mayores y personas con discapacidad es otra medida que sería bien valorada por la ciudadanía”.