BUENOS AIRES – Juan José Aranguren, exministro argentino de Energía, fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por haber beneficiado como funcionario a la empresa Shell de la que fue presidente y accionista, al igual que la jefa de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, acusada de encubrimiento.
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
El juez federal Luis Rodríguez «procesó a Aranguren por negociaciones incompatibles y a Alonso por encubrimiento», adelantaron fuentes judiciales.
A 17 días de haber tenido que comparecer ante el magistrado en calidad de imputado, Aranguren fue procesado bajo la sospecha de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública por varias medidas de su gestión, como el aumento de tarifas o la compra de gas a Chile, lo que pudo haber supuesto un perjuicio para el Estado.
En su declaración indagatoria, Aranguren explicó que «el incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras porque el precio que reciben las compañías por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración».
Sobre la compra de gas a Chile, el exministro adujo que logró «reemplazar un gas que no existía, que es el que venía de Bolivia porque no había más, y así lo declararon en el expediente el ministro de Energía de Bolivia y gerente de [la empresa estatal] YPF».
Al no haber más capacidad de las plantas de regasificación, «era siempre más conveniente importar gas previamente regasificado en Chile que consumir gasoil, y eso le significó al Estado nacional un ahorro de 54 millones de dólares«, presumió.
Sus explicaciones no convencieron al juez Rodríguez puesto que avanzó con el procesamiento de Aranguren, quien trabajó para Shell a partir de 1979 y que fue designado presidente de la filial argentina de la compañía entre 2003 y junio de 2015, seis meses antes de asumir como ministro de Energía del Gobierno de Mauricio Macri.
Laura Alonso, jefa de la Oficina Anticorrupción, que depende de la jefatura de gabinete, también fue procesada a diez días de haber declarado ante el juez.
La titular de la OA no investigó si había o no un conflicto de interés a pesar de que había sido advertida por los denunciantes que dieron origen al caso, los diputados opositores Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
En la denuncia presentada en 2016, los legisladores señalaron al entonces ministro de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su «doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.».
También acusaron a Aranguren de pagar tarifas mucho más caras de las que Argentina había acordado con Bolivia por la compra de gas, lo que puso «en situación de privilegio a la empresa Shell.
De acuerdo al patrimonio que dio a conocer, el entonces ministro poseía «más de 13 millones de pesos [902.777 dólares por entonces] en acciones clase A de la empresa Royal Dutch Shell», según especificó la denuncia de los diputados.
Esas acciones fueron parte de las bonificaciones que el exfuncionario recibió de Shell Compañía Argentina de Petróleos.