LA PAZ – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció que el gobierno de facto de Jeanine Áñez en Bolivia aprobó un decreto que autoriza a los militares participar en tareas de restablecimiento del orden interno con «todos sus medios disponibles» y los exime de responsabilidad penal.
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
«El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta», afirmó la CIDH en una serie de mensajes en la red Twitter, en los que incluyó el texto completo del decreto que el gobierno se negaba a confirmar pese a la circulación de una versión parcial del texto.
La revelación del decreto se produjo al día siguiente de que una represión militar-policial a una marcha antigubernamental de productores de coca en el departamento de Cochabamba (centro) dejara al menos nueve muertos y 115 heridos, todas las víctimas entre los manifestantes, según informó la Defensoría del Pueblo.
Los cocaleros movilizados pertenecen a sindicatos liderados por Evo Morales, el presidente ahora exiliado en México tras resultar forzado a renunciar el 10 de noviembre por manifestaciones convocadas contra un supuesto fraude electoral a las que se sumaron los militares y policías.
La presidenta de facto Áñez anunció el 15 de noviembre, en una declaración conjunta con los altos mandos militar y policial, que tomaría «medidas constitucionales» para combatir a supuestos «grupos subversivos armados» que estarían detrás de persistentes protestas sindicales y vecinales contra su gobierno de facto instalado el 12 de noviembre.
El decreto supremo 4078, fechado el viernes 15 de noviembre, dice que las Fuerzas Armadas participarán «en la defensa de la sociedad y la conservación del orden público, en apoyo a las fuerzas de la Policía Boliviana», para lo cual «emplearán todos sus medios disponibles y los que puedan ser adquiridos, de acuerdo a las necesidades».
Agrega que «el personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus labores constitucionales actúen (sic) en legítima defensa o estado de necesidad».
Según la CIDH, «el Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de FFAA que participe en los operativos para restablecimiento y estabilidad del orden interno. (…) Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH».
El organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos añadió en sus tuits que «condena cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales».
Antes de este decreto, tropas militares ya habían sido desplazadas en refuerzo de la policía ante la expansión de las protestas, que eran primero de activistas anti-Morales y han sido reemplazadas esta semana por movimientos sociales que rechazan al gobierno de facto.
La CIDH había denunciado el uso «excesivo» y «desproporcionado» de la fuerza por parte de militares y policías que reprimieron la marcha de cocaleros en Cochabamba.