BUENOS AIRES – Un fiscal federal argentino imputó al presidente Mauricio Macri y a otros funcionarios de su Gobierno por autorizar vuelos regulares que utilizan el espacio aéreo local para comunicar las disputadas Islas Malvinas con la ciudad brasileña de Sao Paulo y que contemplan una escala mensual en la provincia de Córdoba.
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
El fiscal federal Jorge Di Lello «imputó a Macri y otros funcionarios» por los vuelos de la empresa Latam a las Islas Malvinas, informaron fuentes judiciales a las que accedió Sputnik.
El representante del Ministerio Público pidió al juez federal Luis Rodríguez que se suspenda el primer vuelo del consorcio chileno-brasileño Latam que el próximo 20 de noviembre tiene previsto partir de Sao Pablo rumbo a las Islas Malvinas, con escala en Córdoba.
«Así corresponde que VS evalúe ordenar la suspensión del primer vuelo de la compañía Latam a las Islas Malvinas, el que está autorizado por el decreto 602/19, ya que el peligro en la demora provocaría consecuencias irreversibles respecto a derechos adquiridos en el ordenamiento jurídico internacional», dice el dictamen elevado al magistrado.
En su documento, Di Lello también imputó al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie; al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y a su predecesor, Juan José Aranguren.
Para el fiscal, los funcionarios y el propio presidente argentino deben ser investigados por negociar con Reino Unido cuestiones que perjudicarían la soberanía nacional.
«Existe una obligación institucional por parte de esta fiscalía, ante el posible menoscabo de la soberanía nacional, de adoptar medidas urgentes a los fines de preservar al Estado argentino de posibles daños económicos graves a los que estaría expuesto en relación con el derecho internacional», explicó.
El fiscal también cuestionó que el decreto presidencial publicado el pasado 2 de septiembre que autoriza las conexiones aéreas de Latam a las Islas Malvinas no haya sido debatido en el Congreso.
Di Llelo argumentó que el Poder Ejecutivo «no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con el Reino Unido de Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que que ya efectuara, deberán ser sujeto a investigación».
El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) presentó un recurso de amparo el pasado 23 de septiembre contra el decreto de Macri por considerarlo inconstitucional.
El consorcio chileno-brasileño ya opera una frecuencia mensual Latam desde Punta Arenas, en Chile, hasta las Islas Malvinas con una escala en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz (sur).
Contexto
En una declaración conjunta que firmaron el 13 de septiembre de 2016 en Buenos Aires, el entonces vicecanciller Carlos Foradori y su par británico Alan Duncan se manifestaron abiertos a la posibilidad de establecer vuelos directos entre Malvinas y terceros países, con escala en territorio argentino.
En ese documento, que no pasó por el Congreso, los Gobiernos de Mauricio Macri y la primera ministra de ese entonces Theresa May también se plantearon profundizar «el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos».
Argentina reclama poder operar un vuelo con destino a las Islas Malvinas desde territorio continental argentino mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas.
El país sudamericano reclama la soberanía del archipiélago desde 1833, año en que Reino Unido pasó a ocupar las islas.
Desde entonces ambos países mantienen un litigio por la soberanía de la región, que llevó a que en abril de 1982 la dictadura argentina (1976-1983) intentara recuperarlas por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota argentina y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos sólo durante el conflicto armado.
Reino Unido y Argentina retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la gestión del expresidente Carlos Menem (1989-1999).