El jefe de la ONU exhorta a los líderes mundiales a escuchar y solventar los problemas de la gente y a evitar el uso de la violencia para silenciar sus demandas.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó el viernes a los gobiernos del mundo a “escuchar los problemas de la gente y a abordar la creciente desigualdad que motiva muchas de las protestas” habidas últimamente en distintos lugares del globo.
En declaraciones a la prensa en Nueva York, Guterres urgió a los líderes políticos a respetar los derechos de los manifestantes a expresarse pacíficamente y a no reprimir dichas reivindicaciones. “No puede haber excusas para la violencia”, dijo, refiriéndose a la ola de movilizaciones en distintos continentes y a la fuerte represión en respuesta.
La marea de manifestaciones, explica, que a diario se produce en distintos países del Oriente Medio, América Latina, el Caribe, Europa, Asia y África, tiene un detonante común, es decir, “la intranquilidad en la vida de la gente”.
Si bien cada situación es única, añade, “resulta claro que existe un creciente déficit de confianza entre las personas y las instituciones políticas, y amenazas cada vez mayores al contrato social”.
Explica que mucha gente en todas las partes del mundo lucha con los impactos negativos de la globalización y exige medidas a sus gobernantes para que posibiliten una “globalización justa” que fortalezca la cohesión social y mitigue la crisis climática.
Esas mismas personas, subraya el alto cargo de Naciones Unidas, quieren que sus derechos humanos sean respetados y que sus gobernantes escuchen sus demandas de que haya “igualdad de condiciones, incluyendo sistemas sociales, económicos y financieros que funcionen para todos”. En resumen, precisó, las personas quieren intervenir en las decisiones que les afectan directamente.
El secretario general volvió a reiterar su profunda preocupación por el hecho de que algunas marchas se han tornado violentas y eso ha provocado pérdida de vidas. Insiste en que los gobiernos están obligados a apoyar la libertad de expresión y de reunión, y “las fuerzas de seguridad deben actuar con máxima contención, en conformidad con las leyes internacionales”.