Movimiento indígena de Ecuador rechaza diálogo con el Gobierno en medio de protestas

QUITO – La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechazó el llamado al diálogo directo que planteó el presidente Lenín Moreno para superar la crisis política y social que afecta al país desde hace 8 días, en medio de protestas contra medidas económicas anunciadas por el mandatario.

por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik

«Ya motivamos el diálogo hace dos años y medio sin obtener resultados concretos. El diálogo que promulga carece de credibilidad (…) Nos disponemos al diálogo cuando se derogue el decreto 883», dijo la CONAIE en un comunicado publicado en sus redes sociales, refiriéndose al decreto de las medidas económicas anunciadas por Moreno el 1 de octubre.

La organización añadió que en el actual escenario la lucha social, encabezada por el movimiento indígena que integra además las demandas de la clase trabajadora, de estudiantes, campesinos, y de los sectores empobrecidos del país, «le pertenece al pueblo».

Según la CONAIE, el diálogo que promueve el Gobierno de Moreno se ha sustentado en una de las peores masacres en la historia del Ecuador, una violencia exacerbada interpuesta por la fuerza pública y militar, con responsabilidad directa de los ministros de Defensa y de Gobierno.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, las protestas han dejado cinco muertos, cientos de detenidos y decenas de heridos.

Dirigentes indígenas informaron en la noche del 11 de octubre que varias personas que llegaron de la Amazonía, entre ellas integrantes de la etnia Achuar, mujeres y niños, aparecieron tras dispersarse cuando la policía lanzó bombas lacrimógenas en el centro-norte de la capital ecuatoriana, donde se encontraban, y no saberse su paradero.

Organismos de derechos humanos han denunciado excesiva represión policial hacia los manifestantes; mientras que el Gobierno afirma que sus miembros también fueron blanco de agresiones.

El 1 de octubre, Moreno anunció una serie de medidas económicas que generaron profundo rechazo en varios sectores de la sociedad.

Las más resistidas fueron la eliminación de subsidios por 1.300 millones de dólares al combustible y reformas laborales que afectan a los empleados públicos.

Tras el anuncio, transportistas convocaron un paro general que levantaron luego de dos días en los que negociaron con el Gobierno subas a los servicios de transporte de cargas y pasajeros.

Pero las movilizaciones continuaron lideradas por otros sectores afectados, como las comunidades indígenas.