La cara oculta de la crisis en Ecuador es «muy grave»

Tras el anuncio de nuevas reformas económicas en Ecuador, decenas de miles han salido a las calles a protestar. El presidente decretó el estado de excepción. La violencia continúa y de varias formas: se ha desatado una ola de «expresiones de xenofobia, racismo y desapariciones temporales», dijo Billy Navarrete, defensor de derechos humanos.

por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik

El 2 de octubre el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció medidas que incluyen, entre otras, la eliminación del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del diésel y la gasolina, y el mantenimiento en el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Debido a las manifestaciones y a la grave situación de violencia que se desató, el 3 de octubre Moreno autorizó al Ejecutivo a suspender o restringir temporalmente determinados derechos fundamentales de la población. Hasta el momento el Gobierno reconoció la muerte de dos personas durante las protestas. Sin embargo, Navarrete señaló a Sputnik que al menos cinco personas han muerto, y advierte que la cifra puede ser aun mayor.

Secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Navarrete también aseguró que continúan «las muy graves expresiones de violencia por parte de las fuerzas de seguridad», pero también las «expresiones de xenofobia y racismo, sobre todo en la costa en Guayaquil».

Rechazo a los extranjeros

El secretario ejecutivo contó que, tras el traslado del Gabinete de Gobierno a Guayaquil el martes 8, las autoridades locales y líderes políticos de derecha promovieron «un rumor bastante fuerte, para nada comprobable» de que la movilización indígena hacia Quito se desviaría a Guayaquil.

Además, según Navarrete, se han referido a las manifestaciones como una «invasión de estas comunidades y de extranjeros que venían a perturbar la paz». El Comité y organizaciones indígenas han denunciado públicamente los dichos como racismo y xenofobia.

Privación de libertad

A su vez, el secretario advirtió que, en la región de Guayaquil y Durán, 800 personas han sido privadas de su libertad, incluyendo las que han estado involucradas en los saqueos. No obstante, Navarrete aseguró que «hay información de personas que no registran paraderos, incluso de detenidos».

«Hay desapariciones temporales, por decirlo de alguna forma, en la cual el detenido no está registrado en ninguna dependencia oficial de privación de libertad, en la que deambula de dependencia en dependencia custodiado por policías», afirmó.

La situación es «muy grave» en Quito y en Guayaquil; han habido «mujeres que han sufrido maltrato durante ese período y que los familiares y organizaciones a las que pertenecen reclaman por la falta de registro de las detenciones. Es una situación muy grave porque son categóricas desapariciones temporales de personas«, reparó.