MONTEVIDEO – La Ley Integral para Personas Trans aprobada el año pasado en Uruguay, en medio de fuerte polémica, afronta una nueva prueba de sectores políticos conservadores que buscan derogarla a través de las urnas por considerar que otorga «privilegios».
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
Sus defensores insisten en que asegura derechos de poblaciones históricamente vulneradas.
«Muchos han atacado a la población trans, diciendo que esta ley nos coloca en un lugar de privilegio, cuando la realidad es que la expectativa de vida de las personas trans es muy baja, que no pueden acceder al mercado de trabajo formal, que por temas de desarrollo de vida y discriminación tampoco pudieron sortear el sistema educativo y además sufrieron la expulsión temprana de la familia», dijo a Sputnik la licenciada en Ciencias de la Comunicación y activista trans, Josefina González.
Los uruguayos están convocados a las urnas el próximo 4 de agosto para un «pre-referéndum», esto es, una votación no obligatoria en la que podrán expresarse para pedir la derogación de la ley.
Si al menos 25% de los habilitados para sufragar apoyan la iniciativa derogatoria, esta pasaría a un referéndum propiamente dicho.
Los diputados por el Partido Nacional (conservador) Carlos Iafigliola y Álvaro Dastugue, este último también pastor evangélico, son los principales impulsores de la campaña para derogar la norma, aprobada en octubre de 2018.
«Nosotros dijimos siempre que esta norma era peligrosa, injusta e inconstitucional. Esta ley permite que menores de edad puedan llevar adelante procesos de hormonización para cambiar de sexo y de nombre aún sin el consentimiento de los padres», dijo Iafigliola..
Sin embargo, la ley establece en forma inequívoca que «para que las personas menores de 18 años accedan a intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles con el fin de adecuar su cuerpo a su identidad de género, la autorización o la anuencia de los representantes legales será de precepto».
Para el caso de menores que no obtengan el respaldo de sus padres o sus representantes legales, la ley establece que se podrá recurrir a mecanismos ya existentes, entre ellos los del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que establece que el menor «en todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida» y «podrá acudir a los tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos».
«La ley es ideológica»
Iafigliola dijo a Sputnik que la ley es «ideológica», ya que en su Artículo 4 señala que el sexo es algo «asignado» al momento de su nacimiento.
«Decir que se nos asigna un sexo es un verdadero disparate, porque implica ir en contra de la biología, en contra de la naturaleza humana. Se es varón o se es mujer», dijo contundente el diputado.
Iafigliola consideró que la ley «va en contra de los niños», que son «los sectores más vulnerables de la sociedad», y contra la patria potestad, porque los padres son los que tienen el deber y derecho de ocuparse de sus hijos.
Señaló además que LA normativa le asigna a las personas trans «privilegios» por encima del resto de los ciudadanos a la hora de obtener vivienda, becas estudiantiles y trabajo.
«No entendemos por qué ocurre esto. Claramente el Artículo 8 de la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero acá hay un grupo de personas que van tener beneficios por encima de la gran mayoría de los uruguayos», agregó.
El diputado añadió que, a pesar de que la ley expresa que va a garantizar los tratamientos tanto hormonales como quirúrgicos, «jamás se produce un cambio de sexo con una operación, lo que se hace es un cambio estético».
Asimismo, señaló que esas operaciones de «cambio estético» rondan los 600.000 pesos (17.226 dólares).
«Las críticas son violentas»
Mientras, González dijo a Sputnik que «las críticas de Iafigliola son totalmente desacertadas», «violentas» y «muy peligrosas».
La activista y comunicadora dijo que las afirmaciones sobre de que la ley es un ataque a los niños y a la patria potestad son falsas.
«La normativa busca proteger a los niños que comienzan a expresar otra identidad de género. Lo que está diciendo la ley a los padres es: «Hacete cargo y hacé uso de esa patria potestad, acompañando y queriendo a esa niñez y adolescencia», afirmó.
González sostuvo que estos planteos provienen de los evangelistas neopentecostales, y señaló estas «ideologías de la fe» tienen una «alianza peligrosa» con los sistemas políticos.
«Han habido bancadas en los parlamentos de Brasil y Uruguay que las integran gente muy unida a estos sectores de la fe. En un punto deja de ser fe cuando se mezcla con la política, porque en vez de hacerle un bien al prójimo, terminan logrando a inaccesibilidad, anulación e invisibilidad de los derechos», agregó.
Un cuarto de los menores trans en Uruguay son expulsados de su casa, el 75% abandona sus estudios debido al acoso de docentes y compañeros, y solo 23% cuenta con un trabajo formal, lo que condena a muchos a la prostitución, según un censo del Ministerio de Desarrollo Social.
Las personas transexuales tienen en Uruguay una expectativa de vida promedio de 35 años.