El surgimiento de nuevos elementos que relacionan al actual comandante en jefe del Ejército colombiano, Nicacio Martínez Espinel, con las ejecuciones extrajudiciales de civiles ocurridas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) evidencia que las muertes fueron parte de una «política de Estado», dijeron familiares de las víctimas.
por Socio Informativo
Agencia de Noticias Sputnik
Un artículo de la agencia The Associated Press, a partir de una fuente vinculada a la causa judicial que investiga los crímenes de ‘falsos positivos’, indica que Martínez Espinel certificó pagos a siete ‘informantes’ cuyos aportes resultan irregulares.
Los pagos a informantes comenzaron en el año 2002 como parte de la ‘Política de Seguridad Democrática’ aplicada en la Presidencia de Álvaro Uribe, que buscaba incentivar que personas anónimas aportaran información para poder capturar a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Sin embargo, la desaparición de 19 jóvenes en las localidades de Soacha y Ciudad Bolívar y su posterior aparición sin vida en Ocaña, en Norte de Santander, con uniformes militares, encendió la alarma sobre la existencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de militares que buscaban cobrar recompensas, haciendo pasar a los jóvenes civiles por guerrilleros.
Entre los pagos irregulares certificados por Martínez Espinel aparecen algunos que incluso ocurrieron días posteriores a cuando se autorizó el pago de la recompensa. Así, el comandante en jefe del Ejército firmó el 17 de mayo de 2005 el pago a un informante por la muerte de un hombre en un combate, fechado por el mismo documento el 20 de mayo.
También aparecen pagos a informantes que se presentaban con un nombre pero en realidad eran efectivos del propio Ejército. Uno de ellos fue Oscar Alfonso, un soldado que terminó siendo condenado por el asesinato de otro civil inocente.
Jacqueline Castillo, asesora legal de la entidad Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá (Mafapo) manifestó en diálogo con Sputnik que la participación de jerarcas del Ejército en la muerte de jóvenes inocentes «no es oculto para nadie».
El hermano de Jacqueline, Jaime Castillo Peña, desapareció el 10 de agosto de 2008 de un barrio marginado de Soacha junto a otros 15 jóvenes. Todos fueron encontrados muertos en la localidad de Ocaña y calificados como ‘guerrillero dado de baja en combate’ por el Ejército.
La integrante de Mafapo señaló en diálogo con Sputnik que la organización cuenta «más de 10.000 casos de ejecuciones extrajudiciales en todo el país».
Como ejemplo mencionó que una de las madres que integra Mafapo continúa haciendo gestiones para rescatar los restos de su hijo, ubicado en el municipio de El Copey, departamento del Cesar, donde se registran más de 200 cuerpos sin identificar. «Ahí con toda seguridad debe haber víctimas de falsos positivos», apuntó.
»Indiscutiblemente se trató de una política de Estado y no fueron crímenes aislados. En esta larga trayectoria de 11 años ya sabemos que esto sucedió en todo el país y no solo en Soacha y Bogotá», sostuvo.
No hay duda alguna, medallas y condecoraciones a costa de ríos de sangre de miles de civiles https://t.co/BusghMBiBa
— Madres Falsos Positivos de Colombia (@MAFAPOCOLOMBIA) May 26, 2019
Desde su creación, las madres de los ejecutados extrajudicialmente exigieron al Gobierno colombiano que los militares investigados por casos de ‘falsos positivos’ no sean premiados con ascensos. El caso de Martínez Espinel es un ejemplo de que su pedido no fue escuchado.
«[Martínez Espinel] dice que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando porque estaba limitado a tareas administrativas pero ahora sabemos que él firmó muchas de las recompensas que pagaban a los falsos informantes para poder presentar esos resultados», apuntó.
Castillo reclamó que las familias de los ‘falsos positivos’ no han tenido ningún tipo de apoyo estatal. La organización había colocado esperanzas en que el proceso de paz liderado por el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) permitiera aportar información sobre los crímenes de civiles inocentes, algo que finalmente no sucedió.
El actual Gobierno de Iván Duque (2018-2022) no aportó mejores noticias. En ese sentido, Castillo lamentó que la búsqueda de verdad entorno a los crímenes está «tambaleante» porque «hay casos que están volviendo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a la Justicia ordinaria y no sabemos para dónde vamos».
En contrapartida, destacó el respaldo de la sociedad civil y de la organización internacional Human Rights Watch, cuyo representante para las Américas José Miguel Vivanco presentó en febrero de 2019 pruebas que vinculan los crímenes con al menos nueve comandantes actuales del Ejército.
De todos modos, Mafapo reclama que las investigaciones no se limiten únicamente a militares y que abarquen, si es necesario, a los expresidentes Uribe y Santos, que encabezó el Ministerio de Defensa durante la administración uribista.
La comisión que anunció el Pdte. @IvanDuque podría empezar su labor analizando esta política de mando del comandante del Ejército: “la meta es doblar los resultados operacionales en todos los niveles de mando”. pic.twitter.com/g1a6qux6rU
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) May 24, 2019
Castillo también se mostró preocupada por la voluntad de Martínez Espinel de «doblar los resultados” del Ejército en materia de guerrilleros muertos o detenidos, según reportó el New York Times en un artículo publicado la semana pasada.
Para la mujer, la presión del jerarca militar sobre sus subordinados «expone la vida de muchos civiles, como ya sucedió con el Gobierno de Uribe».