Foto: Técnico Superior en Educación Parvularia.
Diversos organismos internacionales coinciden en que los países de América Latina y el Caribe presentan grandes desigualdades en cuanto a protección social y condiciones laborales. También coinciden en que la informalidad laboral —y la precarización de los puestos de trabajo que trae aparejada— es uno de los mayores problemas de la región.
La desigualdad también se ve reflejada en los derechos que han logrado conquistar los y las trabajadoras, como en las vacaciones con goce de sueldo y los seguros de desempleo.
Situación regional
En 2018 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) advertía que 53% de los y las trabajadoras de la región (140 millones) estaban en una situación de informalidad laboral. En la Declaración de Panamá de 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), se señalaba que en Paraguay la informalidad llega al 70%, en clara contraposición a Uruguay, donde la informalidad roza el 24%.
Ambos organismos hacen hincapié en la necesidad de que los Estados desarrollen políticas para promover la transición de la economía informal a la formal.
En ese sentido, el informe Panorama Social de América Latina 2018 la CEPAL indicaba que las diferencias de las condiciones laborales y protección social se veía reflejado en lo «diverso» que resultaba el gasto público destinado a políticas del mercado de trabajo en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay (los seis países estudiados).
«Como porcentajes del PIB —se lee en el informe—, Costa Rica y el Uruguay destinan el doble de recursos que los otros cuatro países». En cuanto a la estructura del gasto, la CEPAL señala que Argentina «centra su esfuerzo fiscal» en la capacitación y la creación directa de trabajo; Colombia y Costa Rica en la capacitación, y Uruguay en la protección del ingreso en situación de desempleo, en tanto que Chile y México «presentan estructuras más diversificadas».
Para ejemplificar, en el estudio se apuntaba que el promedio del gasto público en políticas del mercado de trabajo en los seis países alcanzó un 0,45% del PIB en 2016, año en que la media de los 28 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) era casi el triple (1,31% del PIB).
La «gran diferencia» radica en los programas de apoyo al ingreso de las personas en situación de desempleo. La CEPAL menciona que mientras que en los seis países de América Latina los recursos destinados a estos programas apenas alcanzan un promedio del 0,1% del PIB, la media en la OCDE es del 0,72%.
Algunos derechos conquistados
Las vacaciones con goce de sueldo es uno de los derechos laborales más apreciados por los y las trabajadoras. En promedio, los trabajadores tienen 15 días de vacaciones pagas en la región después de haber trabajado un año.
En Brasil, Cuba, Panamá, Perú y Nicaragua las personas que reciben un sueldo gozan de al menos 30 días de licencia. Le sigue Uruguay con 20 días, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico y Venezuela con 15 días.
En Argentina, Costa Rica y República Dominicana las vacaciones son de 14 días, en Paraguay de 12, en Honduras de 10, y en México de seis.
El caso mexicano es el que presenta mayor desigualdad, la ley Federal del Trabajo mexicana estipula que las vacaciones pagas «aumentará en dos días laborables, hasta llegar a 12, por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios», hasta llegar a un tope de 24 días de descanso, que sólo las personas que han trabajado entre 30 y 34 años, pueden tener.
México, por ende, es el país donde más horas se trabaja.
Respecto a la protección social, hay muy pocos países que tienen subsidios para los y las trabajadoras que pierden su empleo. Sin embargo, aunque los seguros de desempleo no resuelven el problema de desocupación a largo plazo, evita que la persona quede en bancarrota de un día para otro.
Es un «amortiguador de shock», dijo a la BBC Mundo Truman Packard, economista líder en Protección Social y Trabajo para América Latina del Banco Mundial (BM). Por ello segura que «la mayoría de los países latinoamericanos deberían ser capaces de ofrecer un seguro de desempleo».
Según el BM sólo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay cuentan con seguros de desempleo.
El primer país en legislar al respecto fue Uruguay, que lo hizo en 1981. le siguió Brasil en 1986, Argentina en 1991. Diez años después lo hizo Chile, en 2013 Colombia, y por último, Ecuador, en 2016.