En el Juzgado de Garantía de Vicuña se formalizó la investigación contra dos comerciantes de nacionalidad china que se desempeñan en la comuna de Vicuña, Región de Coquimbo, por el delito de trata de personas con fines de trabajos forzados, delito por el cual el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó una querella para determinar las responsabilidades del caso.
Los ciudadanos chinos internaron al país a una connacional de iniciales A.H. obteniendo una visa de turismo para ella, costeándole los pasajes desde la ciudad de Shangai a Chile. El 6 de febrero de 2018 A.H. arribó al aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, donde la esperaban para trasladarla hasta su local comercial denominado Bazar Chino, para que realizara trabajos forzados tales como atender a los clientes, ordenar la mercadería y limpiar el local, con jornadas laborales extensas todos los días de la semana, sin días libres, disponiendo de unos pocos minutos para almorzar, otorgándosele una mala alimentación.
Por su trabajo no recibió la remuneración acordada, y se le daban solo pequeños adelantos para realizar compras menores, incumpliendo lo prometido antes de que arribara a Chile.
A.H. fue obligada a trabajar sin contrato hasta el 1 de julio de 2018, luego se le hizo firmar uno en español, que no entendió por no manejar el idioma, no siendoles pagadas sus cotizaciones previsionales.
Los imputados le retuvieron su pasaporte durante todo el tiempo que estuvo con ellos; mantuvieron control de sus movimientos; la maltrataron con gritos y golpes; la incomunicaron; y la cooptaron a través de amenazas respecto de deudas económicas que ella mantendría.
Todo esto sucedió hasta que una persona realizó la denuncia del caso ante la Inspección del Trabajo y la policía.
Para esclarecer los hechos el INDH solicitó que se practiquen todas aquellas diligencias para la investigación de los delitos que contempla la querella; se tome declaración a la víctima de manera directa y se realice un perfil psicosocial de ella; y se lleve a cabo un peritaje para establecer un perfil patrimonial de los/as imputados/as, entre otras medidas.
Fuente: indh