Sea cual sea el Gobierno en Brasil, el lobby minero «tiene una gran influencia y regalías en cambios de leyes, aprobación de instalaciones y operaciones», dijo a Sputnik Pablo Andrade Díaz, del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil (MAB). Por ello, asegura que si la corrupción no se «investiga profundamente», habrá más tragedias.
por Socio informativo
Agencia de Noticias Sputnik
El 25 de enero se rompió una represa de residuos mineros de la empresa Vale S.A en Brumadinho, en Minas Gerais, generando una avalancha de lodo tóxico que arrasó la zona. Murieron 186 personas y 122 están desaparecidas.
Además, dejó a casi 300 trabajadores en una situación «muy compleja», señaló Andrade Dias, más conocido por su apodo ‘Binho’.
«El Ministerio de Trabajo dice que la gente [afectada] debería ser contratada, por lo menos por tres años, para darle una estabilidad» a las familias que fueron afectadas por los crímenes de Vale, explicó. No obstante, la empresa propuso contratarlos por un año y trasladarlos a otras plantas de la empresa.
Los operarios «están en una situación de fragilidad y tienen miedo de volver a trabajar en una mina y que haya un nuevo rompimiento», indicó Andrade Días. Además, «no quieren salir ahora de Brumadinho, de donde viven, para irse a otra mina lejos, más apartada de su familia».
«El trabajo en las minas y en las represas es muy peligroso, los accidentes de trabajo son muy grandes, hay una situación [constante] de preocupación de los trabajadores», resumió.
Ante la tragedia, el Gobierno de Brasil anunció que iniciará una investigación para determinar si la empresa mintió al afirmar que no conocía los riesgos de seguridad de la represa que se rompió. Por recomendación de la Fiscalía de Brasil, la Fiscalía de Minas Gerais y la Policía, Vale destituyó temporalmente a los directores de la empresa.
La Agencia Nacional de Minería emprendió la tarea de verificar que otras represas, similares a la e Brumadinho, no corrieran el riesgo de un colapso. Desde entonces, la agencia prohibió el funcionamiento de algunas y les dio plazo hasta 2021 para retirarse.
A su vez, el Senado de Brasil aprobó un proyecto de ley que impondría una serie de medidas para reforzar la seguridad de las represas, además de requerir nueva tecnología de monitoreo y planes detallados de emergencia. La iniciativa pasó ahora a manos de la Cámara de Diputados.
Andrade Dias aplaudió la iniciativas y últimas aprobaciones de normas y leyes a nivel nacional y local, pero aseguró que «está la necesidad de avanzar en otros sentidos».
El lobby minero «tiene mucho poder, está enraizado en todo el Estado» brasileño, indicó. Para «romper» con la lógica y lograr que la situación «cambie», es imprescindible «que haya una investigación profunda» de la Policía, los ministerios públicos y los órganos fiscalizadores, agregó.
«La Vale es una de las [empresas] más importantes, pero el conjunto de mineras actúan imponiendo un ritmo de producción, una forma de explotación que no es de interés del pueblo brasileño, pone a la gente en riesgo. Si eso no cambia, ciertamente tendremos otros rompimientos de represas de minería», advirtió.
Andrade Dias advirtió que si no cambia el modelo de explotación de las minas, la población y trabajadores continuarán en peligro. Además, recordó que el MAB ha señalado en reiteradas ocasiones que para salvaguardar «realmente la seguridad y vida» de las personas que resultan afectadas por el funcionamiento y fallas de las mineras, «es importante [que haya] una política o ley que garantice sus derechos».
«Brasil, siendo uno de los países donde hay más presas de minería o generación de energía hidroeléctrica en el mundo, no tiene un marco legal para la gente que es afectada», resumió.
La tragedia de Brumadinho ocurrió apenas tres años después de la rotura de otro dique en Mariana (también en Minas Gerais y en parte propiedad de Vale), que mató a 19 personas.