Senador Chahuán (RN) pide el término o reducción sistemática de los gastos reservados

Un verdadero capítulo negro se vive en la lucha por la transparencia, cuando se conoció que el excomandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, reconoció usar gastos reservados del Ejército para fines personales.

Los gastos reservados son “para el cumplimiento de sus tareas públicas relativas a la seguridad interna y externa y el orden público del país y a las funciones inherentes a la Jefatura de Estado, y que por su naturaleza requieran de reserva o secreto”.

Aquellas entidades que poseen estos recursos son la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), las tres ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).

El senador Francisco Chahuán, va más allá solicitando el término de los gastos reservados, “queremos solicitar el término de los gastos reservados o al menos la reducción sistemática, con control directo del Contralor General de la República, creemos que sin lugar a duda con los recursos del fisco no se juega y eso implica necesariamente poder tener una adecuada administración y control de los gastos que son reservados, me refiero a los de la Presidencia de la República, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa y por supuesto Fuerzas Armadas de nuestro país”.

Por ley se rinde cuenta anual, en forma genérica y secreta directamente al Contralor, quien realiza un examen de las cuentas y le expresa su opinión “de manera secreta” al Presidente de la República, de esta forma es imposible saber en qué actividades se utilizaron.

El senador Francisco Chahuán plantea que el rol del Contralor debe ser más activo y que no basta la declaración jurada que hoy en día se hace para resguardar los recursos que son de todos los chilenos. Estos aspectos van en completa sintonía con el Proyecto de ley que el Presidente Sebastián Piñera envió al Congreso que busca establecer una regulación permanente del uso de los gastos reservados incluyendo una rendición a subsecretarios y facultando a la Contraloría a pedir más detalles de la ejecución de esos recursos.