Policías delante del edificio de 100% Noticias en Managua el 22 de diciembre de 2018, cuyo director y directora de prensa fueron detenidos en diciembre.
REUTERS/Oswaldo Rivas
La dimisión del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Nicaragua, Rafael Solís Cerda, causó una conmoción en el poder judicial del país y abrió una brecha importante entre el presidente Ortega y algunos altos funcionarios, que, como Solís, estuvieron muy unidos al mandatario y al partido sandinista durante varias décadas.
El magistrado sandinista de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua Rafael Solís renunció la semana pasada a su cargo de forma «irrevocable», según una carta en la que acusó al presidente Daniel Ortega de sembrar «un Estado de terror».
Solís, considerado uno de los hombres de confianza y del círculo de poder de Ortega y su esposa Rosario Murillo, los acusó de imponer «un Estado de terror con el uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aún de la Policía misma con armas de guerra, han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete».
Para el escritor, filólogo y periodista Erick Aguirre Aragón, su renuncia y la manera en que lo hizo “es un golpe muy, muy fuerte porque no sólo se trata de un alto funcionario sino que en Nicaragua sabemos todos que Rafael Solís era el principal operador de Daniel Ortega y la Corte Suprema de Justicia”.
El juez sandinista consideró que esta situación es una consecuencia inevitable de la instalación y consolidación de una dictadura «con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los Poderes de Estado», incluyendo el mismo poder judicial, reducido a su más mínima expresión.
Erick Aguirre Aragón piensa que a pesar de todo, los demás jueces “van a seguir actuando igual, van a seguir condenando sin ninguna legalidad. La renuncia de Rafael Solís, y lo que ha dicho en su carta, deja en evidencia el hecho de que todos estos procesos son absurdos, ilegales”.
Solís señaló en su misiva que los más de 250 juicios que se tramitan contra los manifestantes opositores están fundados en acusaciones absurdas, por delitos que nunca cometieron.
Fuente: rfi