Ante una serie de denuncias que señalan que la Jefa de servicio de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Malltorell, en conjunto con su equipo directivo habría despedido el día de ayer a 64 funcionarios, la mayoría de forma injustificada y por razones ideológicas, la diputada Pérez interpeló al gobierno y condicionó cualquier posibilidad de diálogo y pacto económico social a la detención de estos actos arbitrarios.
Lo que de acuerdo a funcionarios de dicha subsecretaría corresponde a la masacre más grande de despidos en la corta vida de esta Subsecretaria”, se suman los cerca de 2500 despidos registrados a la fecha en diversas carteras de acuerdo a cifras de la ANEF y CUT.
En línea con lo señalado el día de hoy por el jefe de la tienda falangista Fuad Chahín, los despidos atentan contra el principio de modernización del estado, porque se lo mira como un botín por parte del gobierno, sin atender criterios de profesionalismo, cumplimiento de metas, entre otros.
No solo eso, agregó la diputada Pérez. “El Gobierno deberá hacerse responsable de los efectos q su política de despidos tendrá sobre la economía de las familias chilenas y una escalada en la cesantía”.