Encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, César Panés, en la mañana de hoy –jueves 8 de noviembre- se llevó a cabo una reunión de evaluación de los efectos de la movilización nacional iniciada por funcionarios de Gendarmería, que se inició el lunes 5 de noviembre, en el trabajo de tribunales de la jurisdicción.
En el encuentro efectuado en la sala de Pleno «Ministro Enrique Tapia Witting», participaron además el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Sergio Vallejos y los máximos representantes en la zona de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.
«Fue una reunión para coordinarnos ante algunos problemas que se han suscitado por el paro, que tienen que ver con ingresos por prisiones preventivas o que no se traslada a los imputados presos a las audiencias a las que deben asistir», dijo el presidente Panés.
Como situación de emergencia, recintos de la policía uniformada han recibido a los imputados en cuyas causas los magistrados de diferentes tribunales de la zona, han acogido la petición de esta cautelar por parte del Ministerio Público.
El balance indica que -hasta el mediodía de hoy- siete personas están cumpliendo la medida en recintos de carabineros.
Esto se desglosa en un caso en la provincia de Arauco, enviado por el juez de Garantía de Arauco al Retén de Carabineros de Carampangue; y seis resoluciones en la provincia de Concepción: tres imputados derivados por el Juzgado de Letras y Garantía de Lota a la Tercera Comisaría de esa ciudad; dos enviados desde el Juzgado de Garantía de San Pedro de la Paz a la Sexta Comisaría de dicha comuna; y uno desde el Juzgado de Garantía de Talcahuano a la Segunda Comisaría de Carabineros de Concepción.
Mientras tanto, con respecto al total de audiencias suspendidas, este alcanza las 103 (84 en la provincia de Concepción; 11 en la de Biobío y 8 en la de Arauco).
Sobre la eventualidad que los magistrados incurrieran en acciones ilegales por remitir a los imputados a cumplir la prisión preventiva en instalaciones no establecidas para ello en la ley, el presidente Panés recordó que los jueces son los garantes de los derechos de todas las personas, pero que se está viviendo un escenario excepcional.
«Esta es una situación de fuerza mayor, ya que los recintos se encuentran cerrados por el personal de Gendarmería movilizado, pero no voy a calificar de actuar arbitrario o ilegal que se envíe, en este contexto, a los imputados a recintos policiales. Son los abogados defensores quienes deben estudiar si presentan algún tipo de acción en este sentido, lo que ya han hecho con dos recursos de amparo», complementó.
Fuente: Poder Judicial