• agosto 20, 2018
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POLÍTICA / DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE RRSS Y TECNOLOGÍA DEL PPD

La Comisión Nacional de Redes Sociales y Tecnología del Partido por la Democracia manifiesta su absoluta preocupación respecto al conflicto…

 POLÍTICA / DECLARACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE RRSS Y TECNOLOGÍA DEL PPD

La Comisión Nacional de Redes Sociales y Tecnología del Partido por la Democracia manifiesta su absoluta preocupación respecto al conflicto existente entre diversas empresas de telecomunicaciones en contra del gobierno, y del desarrollo de infraestructura digital de alta capacidad por un lado, y también sobre los últimos acontecimientos respecto a brechas de seguridad, vulneraciones de datos privados y comerciales, hackeos de instituciones bancarias y la reacción de reguladores en temas tan necesarias como la debida ciberseguridad.

Chile es uno de los países líderes en la región en conectividad digital, siendo reconocido en los últimos años como uno de los que más han crecido en acceso a internet a nivel mundial. Así, en los últimos cuatro años pasamos de 52,2 accesos por cada 100 habitantes en marzo de 2014 a 107,8 accesos por cada 100 habitantes a marzo de 2018, según datos de SUBTEL, con una cobertura de 98% de la población con servicios de telecomunicaciones. Al mismo tiempo, la incorporación de últimos estándares de conectividad como 4G ha sido explosiva y hoy tenemos más de 12 millones de usuarios en esta tecnología. Esto se ha debido a un correcto trabajo público-privado y con una regulación y políticas públicas de mediano a largo plazo.

Apenas asumido el gobierno, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, órgano regulador del sector, ha tomado inédita decisión administrativa respecto a congelamiento de espectro radioeléctrico en la banda 3.500 Mhz bajo el pretexto de estudio para implementar una futura tecnología 5G, lo que ha generado el cuestionamiento y la interposición de recursos de protección en contra del gobierno. Esto ha generado que el problema haya escalado hasta nivel presidencial e incluso participación del Consejo de Defensa del Estado ante tribunales. Sumado a esto surge fallo de la Corte Suprema que ordena devolver espectro a empresas a raíz del concurso de banda 700 mhz realizado justamente bajo la primera administración de Piñera, lo que ha generado reacción a nivel nacional e internacional por parte de asociaciones mundiales de empresas de telecomunicaciones, lamentando el actual escenario de incertidumbre y falta de certeza jurídica que existe actualmente en el país.

Desde ya manifestamos nuestra preocupación por la actuación de autoridades de gobierno y llamamos a continuar con un trabajo colaborativo entre todos los sectores, con una mirada técnica y planificada del desarrollo tecnológico del país. Debido a la judicialización del espectro, se pone en duda la definición, el avance e implementación 5G en los próximos años, y cuya discusión, creemos, debiese ser realizada entre todos los actores, incluyendo a los del ámbito político, con trabajo público-privado, considerando que afectará los avances digitales del país para las próximas décadas, si no existe un adecuado diseño de Políticas Públicas con reglas claras y mirada de medio a largo plazo.

Paralelamente, recientemente la SUBTEL declaró desierto el concurso del proyecto fibra óptica austral, en su modalidad terrestre, que busca unir a zonas rurales desde Puerto Montt hasta Palena y por otro lado desde Coyhaique hasta Caleta Tortel por la carretera austral, afectando con ello las iniciativas iniciadas en la anterior administración tendiente a conectar con una carretera digital la región de los Lagos y de Aysén con el resto del país. Las actuales autoridades nada han dicho con respecto a si se mantienen o no los recursos públicos asignados para estas iniciativas, plazos concretos para nuevas licitaciones y proyectos o condiciones que beneficien a los habitantes de estas regiones extremas. Creemos que es necesario una pronta definición y transparencia en las decisiones, en las que existen recursos públicos comprometidos, y que beneficiará no tan sólo a los habitantes de estas regiones, sino a todo el país.

Declaramos que estos actos y acciones afectan directamente las promesas del gobierno de Piñera que buscan duplicar las inversiones en telecomunicaciones en comparación a los 4 últimos años y seguir avanzando en el Plan Nacional de Infraestructura digital, con carreteras de datos de alta capacidad. Al mismo tiempo atacan directamente la credibilidad de Chile respecto a certezas jurídicas y desincentivan las inversiones en esta área, afectando principalmente a chilenos que viven en zonas de bajos ingresos y zonas rurales. Como PPD no estamos disponibles para desatender las necesidades de conectividad digital de todos los habitantes de Chile.

Considerando lo anterior, también queremos hacer un público llamado a las autoridades sectoriales y regulatorias, como también al mundo privado, a considerar la importancia que tiene hoy en día la ciberseguridad, teniendo en cuenta el aumento de procesos de digitalización en todo ámbito, como la transformación digital de las empresas.

Desde hace unos meses han hecho noticias accesos no autorizados por parte de terceros, principalmente en sector bancario, que han demostrado fragilidad de sistema, la ausencia de herramientas y normativa actualizada de autoridades regulatorias, dudas respecto a la necesaria inversión en capital humanos y sistemas de seguridad y se han vulnerado información personal sin que hasta este momento existan sancionados.

No nos podemos quedar ausente del debate que es necesario tener para dar seguridad a la información de todos los chilenos, tanto en espacios públicos como privados, como de la debida protección de la infraestructura crítica de información, servicios y sectores económicos de nuestro país, que pudieran verse afectados tanto por hechos de la naturaleza como actos de terceros. Es vital que el Estado deba garantizar la seguridad de la información y velar por una efectiva protección.

Nos hacemos eco del llamado del gobierno respecto a avanzar en éstos ámbitos fortaleciendo la regulación existente, con proyectos de ley, de acuerdo a la Política Nacional de Ciberseguridad desarrollado durante el gobierno de Bachelet y que se continuará, tal como lo han dicho en esta administración. Vemos al mismo tiempo muy positivo que se haya designado un Asesor Presidencial en materia de Ciberseguridad, pero esperamos que tenga la autoridad suficiente para convocar a todos los actores sin distinción e impulsar en forma decidida los cambios requeridos.

Como comisión de redes sociales y tecnología estamos seguros que el PPD tendrá un compromiso por colaborar y avanzar en estos temas con una mirada constructiva en beneficio de todos los chilenos y estaremos atentos a participar tanto en la discusión que se de en el congreso, como en  las necesarias mesas técnicas que se deban impulsar en esta materia.

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