• agosto 15, 2018
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DIPUTADO ESPINOZA RECURRE A CONTRALORÍA POR DOBLE CONTRATO DE JEFA DE GABINETE DEL INTENDENTE DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS 

El diputado PS por el Distrito 25, Fidel Espinoza Sandoval, recurrió hoy a la Contraloría General de la República, luego…

 DIPUTADO ESPINOZA RECURRE A CONTRALORÍA POR DOBLE CONTRATO DE JEFA DE GABINETE DEL INTENDENTE DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS 

El diputado PS por el Distrito 25, Fidel Espinoza Sandoval, recurrió hoy a la Contraloría General de la República, luego de que se diera a conocer que la jefa de gabinete del intendente de la Región de Los Lagos, Patricia Sanzana, tuvo un contrato de honorarios con la Municipalidad de Puerto Octay al mismo tiempo que percibe ingresos como asesora del Gobierno Regional con doble función crítica.

De acuerdo al sitio de Transparencia del Gobierno Regional de Los Lagos, Sanzana recibirá su función crítica en los meses de abril, mayo, agosto y septiembre. Ello supone, de acuerdo al Artículo 2 transitorio de la Ley 19.863, que para percibir esta asignación deberá ejercer sus funciones con dedicación exclusiva, quedando afecta a las normas sobre incompatibilidades, prohibiciones e inhabilidades dispuestas en el Artículo 1o. Pese a lo anterior, la jefa de gabinete mantuvo vigente y en paralelo un contrato por asesorías con el municipio de Puerto Octay entre enero y junio de 2018.

El parlamentario explicó que “hemos descubierto que Sanzana, jefa de gabinete del intendente Harry Jürgensen, tenía un contrato con la Municipalidad de Puerto Octay en paralelo a su vínculo como asesora con dos funciones críticas en el Gobierno Regional. Ella como abogada debería ser la primera en saber que no se puede prestar otras asesorías cuando se mantiene una función crítica. Por ello, es importante que aclare el resto de las asesorías que reconoce haber efectuado y señale, además, si está llevando a cabo otras más”.

En  ese sentido, Espinoza dijo que la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda, también debe dar explicaciones por este tema. “El municipio no tiene los recursos para pagar ni siquiera la calefacción de los alumnos, quienes viven precariedades día a día, pero sí tiene para cancelar millonarias indemnizaciones a funcionarios municipales que fueron desvinculados de manera irregular y suscribir dobles contratos que no se justifican”, afirmó.

Agregó que “es insólito que el municipio de Puerto Octay, teniendo muchas precariedades, se dé el lujo de pagar un sueldo de más de un millón de pesos a una abogada que no podía poner un pie en la comuna, pues estaba a tiempo completo en Puerto Montt”.

Frente a esta situación, el diputado por el Distrito 25 aseguró que recurrió a la Contraloría General de la República, para que sea este organismo el que determine la existencia de faltas a la probidad administrativa. “Aquí no se trata de que existan defensas corporativas de parte del intendente. No hay ningún actor político que pueda tomar una decisión sobre esta materia. Sólo con el pronunciamiento de Contraloría, y en la eventualidad de que haya una irregularidad, deberá iniciarse un juicio de cuentas”, detalló.

Finalmente, consultado por posibles represalias luego de dar a conocer varias irregularidades en el Gobierno Regional, Espinoza señaló que “tengo la tranquilidad de cumplir con mi rol fiscalizador. Me han dicho que tenga cuidado, que en círculos cercanos al intendente dejan entrever los vínculos de algunos con la fiscalía, pero el que nada hace, nada teme. Confío en la independencia de ese organismo y en el profesionalismo de los fiscales”.

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