El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia resolvió solicitar la autorización de la Asamblea Legislativa para enjuiciar al expresidente Carlos Mesa (2003-2004) por la costosa expulsión de la empresa minera chilena Quiborax.
«La sala plena del Tribunal ha determinado remitir antecedentes y el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa para que ésta autorice el enjuiciamiento del expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax», dijo el presidente del TSJ, José Antonio Revilla, en una declaración transmitida por la radio estatal Patria Nueva.
Mesa está acusado por la Procuraduría General de haber anulado ilegalmente en 2004 las concesiones mineras de Quiborax en el Salar de Uyuni (sudoeste), lo que derivó en un pleito internacional que terminó costando al Estado boliviano 42,6 millones de dólares, pagados hace dos meses como indemnización a la firma chilena.
La autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como manda la Constitución para el caso de juicio a un expresidente, es considerada un mero trámite en medios políticos porque el oficialista Movimiento Al Socialismo tiene más de los dos tercios de los votos requeridos en las dos cámaras.
El presidente del TSJ explicó que la sala plena de ese máximo tribunal consideró válidos los argumentos con los que su sala penal se había pronunciado el 24 de julio a favor del enjuiciamiento de Mesa, requerido por la Fiscalía General tras la denuncia inicial de la Procuraduría.
Según Revilla, «la resolución fue adoptada por unanimidad» por los siete magistrados que votaron el caso en la tarde del 25 de julio en la ciudad sureña de Sucre, sede del TSJ, quedando excluidos por razones procedimentales los dos miembros de la sala penal.
Los trámites preliminares del eventual juicio de responsabilidades han puesto a Mesa en el centro de la atención mediática y política, a un año y medio de las elecciones en las que el presidente Evo Morales buscará su cuarto mandato consecutivo, habilitado polémicamente por el Tribunal Constitucional.
El mismo Mesa se encargó de atribuir un fin electoral a la acusación de la Procuraduría y a una investigación legislativa paralela por un caso de corrupción, al calificarlas como «intento de demolición política».
Mesa, señalado en varias encuestas como el opositor con mejor perfil para desafiar a Morales en las urnas, no ha confirmado por ahora si será candidato presidencial en 2019.
El 24 de julio, el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia, el oficialista José Alberto Gonzales, negó la existencia de un plan de anulación electoral de Mesa, asegurando en cambio que un juicio de responsabilidades duraría al menos dos años y no le impediría ser candidato en las elecciones generales de 2019.
«Que descarte el señor Mesa de sus argumentaciones, o quienes piensan esto, que se trata de un juicio político para inhabilitar al señor Mesa, no es ésa la intención», dijo Gonzales.
Mesa, historiador y otrora popular entrevistador de televisión, fue vicepresidente y sucesor del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue forzado a renunciar por revueltas populares en octubre de 2003.
Fuente: Sputnik