El Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sede Arica y Parinacota, en conjunto con la Defensoría Penal Pública, realizaron una visita para observar las condiciones carcelarias del Recinto Penitenciario Arica y particularmente del módulo de Alta Seguridad.
Durante esta actividad, se pudo confirmar que en general en el recinto penal persisten problemas que afectan las condiciones de vida de los internos e internas, destacándose el escaso acceso al agua. Ésta es proporcionada sólo tres veces en el día, durante media hora. Durante esos reducidos espacios de tiempo, los internos procuran almacenar el agua que pueden, en bidones que ellos mismos se han conseguido.
Los internos del Módulo de Alta Seguridad refirieron, entre otros aspectos, alimentación de mala calidad, con alimentos líquidos diluidos más de la cuenta y con componentes asociados a alto consumo de carbohidratos y grasas.
Asimismo, indicaron un precario y deficiente acceso a la salud y fundamentalmente un servicio de enfermería que no da abasto para la población penitenciaria existente, en el cual sería frecuente la mala atención de los funcionarios y la permanente escasez de medicamentos.
Otro derecho que se ve afectado es el derecho a la educación. La población que reside en el Módulo de Alta Seguridad, es categorizada –según Gendarmería de Chile (GENCHI)- como una población penal que se encuentra allí en forma “transitoria” por razones disciplinarias, o bien para resguardo de la seguridad de los propios internos. Lo anterior sumado a la falta de programas para desarrollo de competencias laborales, lo que compromete las posibilidades de resocialización.
El Módulo presenta asimismo dificultades en cuanto a las horas de patio de los internos, las cuales deben distribuirse entre diferentes grupos, medida que según personal GENCHI se debe al riesgo de agresiones entre los internos.
Se destaca positivamente, que en el Módulo E-2, que alberga a 226 internos, se están reparando los baños y se ha instalado un estanque que permitirá almacenar agua. En gran medida, ello respondería a la iniciativa de un funcionario de Gendarmería que labora en el módulo, quien ha gestionado un trabajo asociativo entre internos, gendarmes, la Dirección Regional y terceros, para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas privadas de libertad.
Sin embargo, el Estado sigue incumpliendo su principal obligación que es hacerse cargo de mejorar las condiciones de vida de las personas en contextos de privación de libertad, lo que en el mejor de los casos, se visualiza en estrategias de solidaridad encaminadas a paliar este déficit.
Fuente: INDH