«Lo que hemos visto esta semana en el Congreso es un verdadero acto de perfidia», dijo el excomandante rebelde y senador electo Pablo Catatumbo en rueda de prensa en Bogotá.
Es «un acto de engaño no solamente a los excombatientes que firmamos la paz, sino también a la comunidad internacional, al pueblo colombiano, a las víctimas», agregó.
El Senado avaló el miércoles las normas de procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que permiten a los magistrados de este sistema empezar a impartir justicia conforme al acuerdo de noviembre de 2016 que desarmó y transformó en partido a la otrora guerrilla comunista.
Aunque dio visto bueno a la mayoría del proyecto presentado por el gobierno, el Centro Democrático (CD), del presidente electo Iván Duque, y otros sectores de derecha opuestos al pacto lograron la aprobación de dos artículos contrarios a la iniciativa original.
Ahora la JEP, que empezó a operar en marzo, no podrá interferir en las peticiones de extradición de exguerrilleros y militares por delitos posteriores a la firma del acuerdo.
El otro enunciado establece la creación de una nueva sala dentro de la JEP para juzgar exclusivamente a miembros de la fuerza pública.
«El novedoso y esperanzador sistema de justicia transicional (…) tristemente quedó convertido en un mecanismo de guerra jurídica, dirigido exclusivamente contra la antigua insurgencia de las FARC», señaló por su parte Carlos Antonio Lozada, excomandante y senador electo.
Lozada aseguró que los dos apartados buscan «dejar sin efecto los pilares básicos del acuerdo de paz» y exhortó al mandatario saliente Juan Manuel Santos a respetar lo pactado.
El gobierno ha dicho que demandará ambos artículos por considerarlos inconstitucionales una vez la ley sea sancionada por Santos.
La JEP, que en principio operará por diez años, fijará las penas para exguerrilleros y miembros de la fuerza pública responsables de crímenes graves.
El pacto prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.
La JEP impondrá condenas alternas que irán de los cinco a los ocho años. Aquellos que mientan o no confiesen todos sus delitos podrán recibir condenas de hasta 20 años de cárcel.